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Proponen esterilizar a cocodrilos de la laguna del Carpintero, ¿es más fácil que reubicarlos?

Aunque son uno de los principales atractivos turísticos de Tampico, los cocodrilos son animales que pueden llegar a matar a una persona, como ya ha ocurrido en la laguna del Carpintero.

Proponen esterilizar a los cocodrilos que habitan la laguna del Carpintero, para contener la población de los reptiles que habitan en esta zona de Tampico, pero ¿es viable o resulta más fácil que reubicar a los de mayor tamaño?

Estos animales que son considerados un atractivo turístico, también pueden ser vistos como un problema social; y aunque hubo quien expuso la anterior idea para frenar su reproducción,especialistas en veterinaria dijeron que sería complicado este proceso, tanto por el método como por la situación en que se encuentran la población de saurios.

Semarnat debe dar autorización para su control

La iniciativa fue lanzada por el regidor del cabildo de Tampico, Homero Peraza Guerra, quien menciona que la especie podría derivar en una problemática para vecinos del estuario como para los turistas que son atraídos por los animales, por lo que la esterilización de los animales puede verse como una alternativa al estar los cocodrilos protegidos por normas de la Profepa.

Por separado, el especialista en veterinaria Francisco Escobar Banda, menciona que debido a la naturaleza de los órganos reproductivos de los cocodrilos se tendría que utilizar para el proceso de esterilización una técnica muy delicada y costosa, pero demás debe de hacerse una modificación a la ley para poder realizar esta intervención a una especie protegida.

Escobar Banda, también coordinador en la zona de la comisión México Estados Unidos para la prevención de enfermedades exóticas en los animales, señala que se tendría que consultar con la Secretaría de Protección al Medio Ambiente, porque muy seguramente está dependencia tendría que dar una autorización al estar de especie bajo su control.

Es más viable su reubicación, «pero ellos llegaron primero»

Añade que para disminuir los riesgos en otras partes de la República y otros países lo que se ha hecho es la reubicación de ejemplares.

«Las especies que existen en la zona, que es el cocodrilo moreletti, no es de ataque(…) solo es agresivo por dos motivos, como cualquier animal, que ataca por subsistir o sobrevivir y el hábitat dónde está tienen muchos peces por lo que no resultarán agresivos».

Por eso sí ya se considera que es mucho la población lo más viable es que se pueda reubicar a los ejemplares, no habría que utilizar un método quirúrgico para su control, expresa.

«Hay que recordar quiénes llegaron primero, por lo que nosotros no debemos irrumpir en su medio ambiente y en su naturaleza», indicando que esterilizar a los cocodrilos de la laguna del Carpintero sería caro y costoso, siendomás viable reubicarlos.

FUENTE: elsoldetampico

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México debe garantizar respeto al medio ambiente con Tren Maya: ONU

Expertos piden al gobierno de López Obrador que garantice la participación significativa de las comunidades afectadas y la transparencia en materia de impacto ambiental.

El gobierno mexicano debe tomar medidas adicionales para garantizar el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente, señalaron expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al externar su preocupación por que el proyecto de mil 500 kilómetros del Tren Maya en la península de Yucatán, en México, podría poner en peligro los derechos de los pueblos indígenas, los recursos naturales, los derechos culturales y el derecho a un medio ambiente sano y sostenible.

A través de un comunicado, expresaron que las personas defensoras de los derechos humanos que plantean sus preocupaciones sobre los impactos negativos se enfrentan a amenazas y ataques y a un acceso seguro muy limitado a un tribunal independiente e imparcial.

Las y los expertos de la ONU indicaron que el gobierno ha elevado el proyecto a la categoría de proyecto de seguridad nacional, lo que le permite derogar la aplicación de las salvaguardias ambientales y sociales.

«Este cambio de estatus del proyecto dirigido por el Estado no permite a México eludir su obligación internacional de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de las personas afectadas por este megaproyecto y de proteger el medio ambiente de acuerdo con las normas internacionales», argumentaron.

«Esta decisión no sólo tiene el potencial de permitir que los abusos de los derechos humanos sigan sin ser abordados, sino que también socava el propósito del proyecto de llevar un desarrollo social y económico inclusivo y sostenible a los cinco estados mexicanos involucrados. En este contexto, la creciente participación del ejército en la construcción y gestión del proyecto también suscita gran preocupación», afirmó Fernanda Hopenhaym, presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.

Pidieron al gobierno que garantice la participación significativa de las comunidades afectadas y la transparencia en las evaluaciones de los derechos humanos y del impacto ambiental antes de cualquier decisión futura relacionada con el proyecto, como elementos clave para identificar, prevenir y abordar cualquier otro impacto negativo.

«Debe respetarse el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y deben evaluarse de forma transparente los impactos acumulativos reales y potenciales de los proyectos, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos y medioambientales», dijeron los expertos.

Las y los expertos también expresaron su preocupación por la falta de debida diligencia en materia de derechos humanos por parte de las empresas implicadas en el proyecto, cuyo coste se estima en 20 mil millones de dólares.

«Las empresas e inversores relevantes domiciliados en España, Estados Unidos y China no pueden hacer la vista gorda ante los graves problemas de derechos humanos relacionados con el proyecto del Tren Maya», dijeron.

FUENTE: informador

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Central de Abastos en Playa del Carmen, con sello industrial modernista y con compromiso ambiental

Esta obra, bajo responsabilidad de CEMEX tendrá la capacidad de dar servicio a Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y Tulum. Incluso podrá resolver las necesidades de localidades más alejadas, como Mérida, Felipe Carrillo Puerto e incluso Chetumal.

Comprometida con el medio ambiente y la innovación industrial sostenible, Cemex va a la vanguardia a través de un novedoso sistema de construcción de importantes obras, como es la edificación de las naves industriales de la Central de Abastos y el Centro Logístico Playa del Carmen, un ambicioso proyecto de corte industrial del que ya se habla en Quintana Roo.

La construcción de la Central de Abastos y el Centro Logístico Playa del Carmen inició en enero de 2022 y se concluirá a finales de este 2023; esta obra beneficiará a la región con unos 3,000 empleos, entre directos e indirectos.

Dada la calidad de sus productos y por su profesionalismo, CEMEX recibió la encomienda para suministrar el acero y el concreto para la edificación de estas naves industriales que se levantan bajo un concepto innovador en estructuras de concreto con sección variable, las primeras de su tipo en la región del sureste del país.

La construcción que dará vida a este centro de abastecimiento fusiona tres conceptos de negocio que están contemplados dentro de las demandas ciudadanas que son una necesidad prioritaria para la región y que comprende un centro de abasto moderna, un centro logístico con lo último en tecnología y un Central Market para venta al público a precios de productores directos, sin intermediarios.

VANGUARDISTA

“Esta obra es innovadora en varias dimensiones, combina el estilo vanguardista con un fuerte compromiso ambiental y social. Esto fue posible gracias a la colaboración entre CEMEX, la desarrolladora Lanterra y la renombrada firma de arquitectura Ware Malcomb. Desde el diseño del proyecto se cuidaron todos los detalles para hacer de esta Central de Abastos y Centro Logístico de Playa del Carmen un referente del mercado con estándares internacionales”, destacó Yuri de los Santos, Vicepresidente de Atención a Constructores de CEMEX México.

El ambicioso proyecto de esta Central de Abastos que es la primera de su tipo en la Riviera Maya contará con 7 naves industriales, 195 bodegas y más de 140 locales en Central Market, los cuales comprenden 70,000 m2 de construcción y 64,000 m2 en vialidades.

Para esta magna obra de la que ya se habla en el sureste de México, CEMEX cuenta con la responsabilidad de suministrar el acero y el concreto que se utiliza para la edificación de las naves industriales, dado que los materiales que se utilizarán durante toda la construcción se llevarán a cabo bajo una innovadora estructura de concreto con sección variable.

El novedoso sistema constructivo se utiliza hasta que se concluya la obra, esto con el objetivo de garantiza la uniformidad y homogeneidad en el proceso, además de que requiere menos mano de obra que un proceso tradicional. Este método extiende la vida útil del proyecto y reduce las labores de mantenimiento, la generación de desperdicios y los riesgos de seguridad.

Asimismo, contribuye a disminuir las emisiones de CO₂, los tiempos de ejecución entre un 20% y un 33% con respecto a los métodos tradicionales y el número de mermas.

BENEFICIO

Por su ubicación, esta Central de Abastos tendrá la capacidad de dar servicio a Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y Tulum. Incluso podrá resolver las necesidades de localidades más alejadas, como Mérida, Felipe Carrillo Puerto e incluso Chetumal. Esto posibilitará concentrar el área de productos en un solo lugar y ayudará a las economías familiares, pues la población podrá conseguir mercancías a precios directos, sin intermediarios.

Otros de sus beneficios que se aportan en la construcción de esta mega obra es la reducción en los tiempos de entrega y los costos logísticos, así como mayor flexibilidad en los servicios de entrega.

El proyecto prioriza la sostenibilidad, ya que contará con Certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, por sus siglas en inglés), el cual asegura que en temas energéticos y ambientales se logre muy alta eficiencia en todo el espectro del uso de recursos.

Características como el confort térmico dentro de las bodegas, la recolección del agua pluvial para regresarla a los mantos freáticos mediante pozos de absorción, el cumplimiento de normas internacionales en cuanto a baja contaminación lumínica y el manejo de residuos sólidos especializado, propiciaron la obtención de dicho Certificado.

CEMEX es una empresa de reconocimiento internacional que está al frente de la economía circular dentro de la cadena de valor de la construcción y promueve procesos novedosos con el uso de tecnologías avanzadas para incrementar el uso de residuos y desechos como materias primas y combustibles alternos en sus operaciones. Los compromisos de esta importante empresa está no solo la de ofrecer profesionalismo y calidad, como lo demuestran los productos que ofrecen como es el cemento, concreto premezclado, agregados y soluciones urbanas en mercados de rápido crecimiento alrededor del mundo, impulsada por una fuerza de trabajo multinacional enfocada en brindar una experiencia superior al cliente, habilitada por tecnologías digitales.

CEMEX (BMV: CEMEXCPO) es una compañía global de materiales para la construcción dedicada a edificar un mejor futuro a través de productos y soluciones sostenibles y tiene el compromiso de alcanzar una neutralidad de carbono mediante la innovación constante y un liderazgo dentro de la industria en investigación y desarrollo.

FUENTE: cronica

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Nuevo vínculo México-Japón contra el calentamiento global

Este 2023 se cumple el 135 aniversario de la relación diplomática de ambas naciones y será el momento de crear un nuevas relaciones, no sólo económicos sino también sociales.

Martha Elena Campos Ruiz -Taku Okabe

Profesores-investigadores, CUCEA; Miembros del Programa de Estudios México-Japón: PROMEJ, e integrantes del Cuerpo Académico “Tratados económicos internacionales y desarrollo regional»: UDG-CA-825

En la actualidad vivimos cambios constantes en el clima por los problemas ambientales de contaminación, deshielo de los glaciares, sequías, desaparición de especies y vegetales, que provocan el calentamiento global y afectaciones a la salud del ser humano, entre otras más.

Respecto al cambio climático, se han llevado a cabo debates y discusiones a través de la COP, Convención Marco de las Naciones Unidas, cuyo fin es estabilizar la concentración del gas con efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, y que inició en 1995.

En noviembre de 2022 se organizó la COP27. Pese a los objetivos establecidos en esta conferencia, actualmente incrementó la emisión del CO2 a nivel mundial a causa de: a) la reactivación de actividades económicas tras la pandemia del Covid 19, y b) por el impacto de la guerra Ucrania-Rusia que generó la falta de energía, lo cual ha implicado un regreso al uso de combustibles fósiles. De tal manera, que la tendencia mundial va en contra de las medidas preventivas frente al calentamiento global.

Aunque hubo voces de preocupación de no llegar a ningún acuerdo en la COP27, se adoptó finalmente el «Plan de implementación de Sharm el-Sheikh«, el cual incluyó la creación de un fondo para apoyar a países en desarrollo vulnerables contra el cambio climático. El uso del propio fondo se discutirá en la COP28 de 2023.

El mismo plan reitera la promesa plasmada en el Acuerdo de Glasgow, adoptado en la COP26 en 2021, que pretende limitar el aumento de la temperatura media global a 1.5°C por encima de los niveles preindustriales, y además incluye la promoción de la generación de energía limpia y la eficiencia energética, la eliminación gradual de la generación de energía a base de carbón y la aceleración para eliminar gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles.

Pese a este acuerdo, se afirma que las medidas de mitigación para frenar el calentamiento global, como la reducción de la emisión del GEI y el apoyo financiero a los países emergentes, han sido insuficientes, y faltan acciones específicas para la reducción de los combustibles fósiles.

Al respecto, en la COP27, México, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores, anunció un aumento de la meta de reducción de emisiones del GEI de 22% a 35% para 2030, 5% más de lo que anunció la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, introduciendo, por ejemplo, el transporte con bajas emisiones y la generación de energías con baja huella de carbono. En concreto, pretende promover la electromovilidad retomando el Acuerdo de Glasgow. Si bien, según IMCO, para cumplir con estas metas para realizar acciones de cero emisiones en el sector transporte, se requiere que el 50% de los vehículos vendidos sean de cero emisiones: tienen que vender 600 mil vehículos eléctricos al año al menos, contra 47 mil vehículos ligeros híbridos y eléctricos vendidos durante 2021. Será sumamente complicado para alcanzar en los 7 años restantes sin que se implemente o incentiven la inversión relativa.

Aquí, lo primordial es que cada país comparta un sentido de crisis sobre el cambio climático y mantenga y fortalezca la cooperación internacional. Particularmente, los países desarrollados deben fortalecer el apoyo a los países emergentes y establecer objetivos más ambiciosos para ellos mismos, desde la perspectiva de promover los esfuerzos de los países emergentes que son esenciales para la descarbonización.

Dentro de este lineamiento, como una de las medidas de mitigación específicas, se deberá profundizar las discusiones sobre la reducción de los vehículos de gasolina y de energía a carbón con una guía de la hoja de ruta realista para la descarbonización.

Cabe resaltar que es relevante brindar apoyo relacionado con el clima, sino en mejorar el entorno empresarial, incluidos los sistemas legales y reglamentarios básicos.

Al respecto, cabe recordar que la COP 26 estableció una regulación clara sobre el mercado de bonos de carbono. Estos bonos, regidos por el mecanismo del mercado, son esquemas en los cuales los países desarrollados dividen la proporción que logre reducir la emisión del GEI con aquellos en desarrollo en donde se lleva a cabo dicha reducción real. Si los respectivos países pudieran intercambiar la porción de la reducción, el costo podría bajarse a nivel internacional.

Este esquema de bonos de carbono (plasmado en el art. 6 del Acuerdo de París) es impulsado activamente por Japón introduciendo el “mecanismo de acreditación conjunta”. Para finales del 2021, se implementó el mismo mecanismo en 205 operaciones con 17 países de Asia. En un documento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón se menciona que México es el primer y único país de América Latina con el que Japón puede impulsar este mecanismo.

El vínculo México-Japón se ha fortalecido por el Acuerdo de Asociación Económica vigente desde 2005. En el presente siglo, Japón es el 4° inversionista para México después de EU, Canadá y España. El 2023 será el aniversario de 135 años de la relación diplomática de ambas naciones. Será el momento de crear un nuevo vínculo, no sólo económico sino también social. La cooperación en temas específicos como el calentamiento global será una forma de abrir una nueva ruta en la relación entre México y Japón.

FUENTE: gaceta.udg

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Por una nueva política ambiental para México y el mundo

Aunque décadas atrás México se posicionó como un país innovador en cuestión de políticas medioambientales, hoy carece de planes de manejo y marcos institucionales que protejan a los bosques y la protección del medioambiente.

A pesar de que los gobiernos del mundo y la mayor parte de sus habitantes saben que todos dependemos de un planeta en el cual se pueda vivir, las acciones para cuidarlo constantemente se han visto minimizadas e ignoradas, dando prioridad a los temas económicos por sobre los medio ambientales.

“Los modelos de desarrollo establecidos por la mayoría de los países priorizan el crecimiento económico sobre la preservación del medio ambiente, generando una crisis ambiental global muy seria en la que se ha perdido 60 por ciento de las especies de vertebrados y se ha generado calentamiento global por el incremento exponencial de emisiones de gases a la atmósfera, lo que a su vez ha dado como resultado un aumento en el número e intensidad de desastres naturales, niveles de pobreza y el desplazamiento de millones de seres humanos”, expone el Consejo de Investigación Ciudadana y Empresarial A.C. (Codice) en su más reciente diagnóstico sobre la política ambiental del país.

Por ello, ahora más que nunca, la existencia de una política ambiental clara y congruente es fundamental para dirigir de manera exitosa las acciones de gestión y conservación de los recursos naturales.

El caso México

México es un país con una importante riqueza en recursos naturales y ecosistemas diversos, pero también ha sido una de las naciones precursoras en América Latina y el Caribe en materia de políticas públicas orientadas a la protección ambiental, explica la investigación de Codice.

No obstante, actualmente el país enfrenta una serie de problemáticas en materia medioambiental que no reflejan la experiencia que el Estado ha tenido en la región.

Entre los principales retos está la pérdida de ecosistemas y biodiversidad por cambio de uso de suelo y deforestación, la escasez y contaminación del agua y la contaminación del aire en ciudades.

“El amplio deterioro ambiental en el país tiene que ver con el aumento de la demanda de recursos naturales, provocado principalmente por el fuerte crecimiento poblacional, el aumento en la demanda de bienes y servicios derivado de un modelo económico basado en el consumo excesivo y la concentración de la población en zonas urbanas, lo que genera una acumulación excesiva de residuos sólidos, contaminación de cuerpos de agua, contaminación del aire y pérdida de biodiversidad, entre otros”, explica el diagnóstico del Consejo de Investigación Ciudadana y Empresarial A.C.

Todos estos temas deben atenderse de manera urgente pues no sólo representan una amenaza medio ambiental, sino que su impacto ha comenzado a afectar aspectos sociales y económicos de nuestro país, advierte la asociación civil.

Compromisos cuestionados

Aunque décadas atrás México se posicionó como un país innovador en cuestión de políticas medioambientales, hoy tiene un largo camino de frente por recorrer con muchos retos por enfrentar.

Entre los temas a atender, de acuerdo con el diagnóstico de Codice, está el promover más la educación e interés público por la conservación forestal.

Además, advierte que en el país existe una ausencia de planes de manejo y marcos institucionales que protejan a los bosques y promuevan la producción forestal sustentable.

Más aún, revela que existen políticas públicas que promueven la deforestación, como lo son los subsidios gubernamentales para el desarrollo de actividades pecuarias, frutícolas o energéticas en áreas con vocación forestal.

No debemos de olvidar que en el 2015, durante la Cumbre del Clima de París, México se comprometió a alcanzar una tasa neta de deforestación cero para 2030, además de ser parte del Desafío de Bonn, un esfuerzo global para restaurar 150 millones de hectáreas de bosques para 2020, y 350 millones de hectáreas para 2030.

Sin seguimiento transexenal

La investigación “La política ambiental en México diagnósticos y Retos” alerta sobre cómo con cada alternancia en el gobierno, los planes y estrategias implementados durante el periodo específico de cada administración pasaban inmediatamente al olvido al ser sustituidos.

“Hasta la administración pasada (Enrique Peña Nieto), el país contaba con instrumentos de política pública para incidir en las problemáticas anteriores como el Programa Nacional Forestal y la Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (ENAREDD+), así como el programa de pagos por servicios ambientales y programas de aprovechamiento sustentable.

“Sin embargo, en la actual administración, no parece haber continuidad con los programas de conservación de gobiernos anteriores, como el de pago por servicios ambientales, y a dos años de que concluya el gobierno, no existe todavía claridad en cuanto a la estrategia que se utilizará para atacar esta problemática”.

De igual manera, el documento dice que las entidades gubernamentales dedicadas a la conservación y protección de áreas naturales protegidas (CONAMP) han sufrido recortes hasta del 75 por ciento de su presupuesto. Reducción que contrasta con la emergencia ecológica y climática que se vive en muchas áreas del territorio y que repercute en la calidad de vida de la población a mediano y largo plazo.

FUENTE: reporteindigo

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¿Cómo hacer a la construcción más amigable con el medio ambiente? En México, esta industria es responsable de 50% de las emisiones contaminantes

Crear desarrollos con criterios de sostenibilidad, resiliencia al cambio climático y que cumplan con la normativa, debe ser el objetivo de las constructoras hacia el futuro.

Si bien el desarrollo de infraestructura y la construcción de edificios es una prioridad para el bienestar de las ciudades, los residuos y la contaminación que esto genera se ha convertido en un tema de discusión entre el sector público y privado.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el sector de la construcción en México es responsable de 50% de las emisiones contaminantes que se registran en el país.

Ante este panorama, es necesario que los actores de la industria generen soluciones y desarrollos que cumplan con criterios de sostenibilidad, resiliencia al cambio climático y cumplan con las leyes y regulaciones que exigen las autoridades, las cuales se han vuelto más estrictas en cuanto al uso eficiente de los recursos y el cuidado del medio ambiente.

En la actualidad, algunas constructoras utilizan materiales reciclados, o bien reutilizan el agua y aprovechan la energía geotérmica y solar para que sus procesos sean más amigables con el ambiente.
Conservación del suelo

En el marco del Día Mundial del Suelo, que se celebró el pasado 5 de diciembre, es importante remarcar la relevancia de operar adecuadamente los suelos al estar invadidos por numerosos procesos químicos, físicos y biológicos.

En este sentido, Johnny Martínez, director de Amanco Wavin Geosintéticos México, explicó que algunas obras pueden generar residuos sobrantes al final de la construcciónlos cuales terminan en sitios de disposición de materiales no tratados y generan focos de contaminación ambiental.

“Actualmente, estamos viviendo un panorama extremo derivado de los efectos del cambio climático, lluvias excesivas y largos veranos, esto pone a prueba el desempeño de la infraestructura y materiales. Es por esto que trabajamos para entregar soluciones que permitan preparar a las ciudades para afrontar estos retos”, comentó el directivo.

Materiales para el futuro de la construcción

En materia de construcción, Amanco Wavin contribuye a esta iniciativa con geosintéticos, una tecnología que busca cuidar y conservar el suelo ayudando a la recuperación y revegetación, e impide procesos de socavación, entre otros.
Estos productos se utilizan para satisfacer funciones de separación, drenaje, protección y refuerzo en proyectos de infraestructura y predial.

Geocelda, por ejemplo, es un material concebido para la infraestructura y el control de erosión, que permite el confinamiento de material granular. Sus principales usos son:

  • Refuerzo de estructuras de pavimentos.
  • Refuerzo de estructuras férreas.
  • Refuerzo de cimentaciones.
  • Refuerzo de terraplenes sobre suelos blandos.
  • Protección de taludes y canales.

“El uso de Geoselda permite reutilizar el asfalto que se levanta en el proceso de repavimentación, este material reciclado puede ser utilizado como material de relleno, reduciendo significativamente la generación de residuos”, explicó Johnny Martínez.

Mientras que, TecDren es una lámina drenante con alta resistencia a la compresión y a la acción de agentes químicos. Está diseñada para el uso de proyectos prediales para la captación, conducción y evacuación de fluidos en aplicaciones verticales y horizontales.

Sus principales usos son muros de contención, sótanos, protección de sistemas de impermeabilización, cubiertas verdes, túneles, estacionamientos, superficies deportivas, cimentaciones, entre otros.

FUENTE: eleconomista

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México, Estados Unidos y Canadá quieren registro y mejor regulación de plaguicidas agrícolas

Los participantes de los tres países coincidieron en que la tecnología emergente es una importante aliada para el manejo correcto de plaguicidas.

En el marco de la reunión anual del Grupo de Trabajo Técnico Trilateral de América del Norte sobre plaguicidas (TWG, en inglés), los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá se comprometieron a fortalecer las regulaciones en materia de plaguicidas de uso agrícola mediante un plan de trabajo sólido y coordinado, con fundamento en el intercambio de información científica y en una organización cultural moderna y eficiente.

Así lo dio a conocer la Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural (Sader), quien destacó que las autoridades regulatorias, exportadores, productores del sector agrícola y representantes de la industria, subrayan su interés por fortalecer las medidas regulatorias de plaguicidas agrícolas, para garantizar que los agricultores cuenten con los insumos necesarios para la protección de sus cultivos en las tres naciones.

Amada Vélez Méndez, directora general de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), considera que se requiere de un registro de plaguicidas eficiente y que esté basado en información científica actualizada.

En ese sentido, resaltó que la colaboración entre el Senasica, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, en inglés) y la Agencia Reglamentaria de Control de Plagas de Canadá (PMRA, en inglés), es fundamental, ya que la decisión que tome un país puede tener efecto en los otros dos, derivado del alto intercambio comercial de productos agrícolas que mantienen entre ellos.

Los directores de la EPA, Edward Messina, y de la PMRA, Fredéric Bissonnette, coincidieron en que el trabajo conjunto para la evaluación y el registro de plaguicidas debe anteponer el compromiso de proteger la salud humana y el medio ambiente y, además, desarrollar técnicas eficaces que beneficien a los agricultores.

Recordaron que el cambio climático es un reto a nivel global, por lo que es necesario promover acciones para adaptar la agricultura a los diversos escenarios que se presentarán durante los próximos años.

En particular, se pronunciaron por priorizar un uso más eficiente del agua y el suelo para proteger los recursos naturales y por ofrecer a la población de la región de las Américas mayores garantías de que los alimentos que llegan a su mesa son seguros.

Los participantes de los tres países coincidieron en que la tecnología emergente es una importante aliada para el manejo correcto de plaguicidas, por ejemplo, el uso de aeronaves no tripuladas, como los drones.

FUENTE: eleconomista

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Impulsa Sedema “bardas vivas” en la Ciudad de México

  • Se han creado en parajes de las Áreas Naturales Protegidas, estaciones del Metrobús, planteles educativos, UTOPÍAS, así como en el Río Magdalena y el Parque Lúdico Macondo

Con el propósito de aprovechar los espacios en bardas y muros para reverdecer la ciudad, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, a través de la Dirección de Infraestructura Verde, ha creado, de 2021 a la fecha, 11 “bardas vivas” equivalentes a 381.15 metros lineales de muros intervenidos.

Estas “bardas vivas» que representan un modelo de naturación vertical que sirve para crear nuevos espacios de vegetación ante el crecimiento de las zonas urbanas, han sido establecidas en las alcaldías Gustavo A. MaderoIztapalapaLa Magdalena ContrerasTlalpan, y Cuauhtémoc en donde se han colocado 911 plantas, en su mayoría polinzadoras como lantana y lavanda.

Con este proyecto, iniciado a mediados de 2021, se han creado bardas vivas en los parajes de Zacatenco, La Mora y La Casilda, dentro del Área Natural Protegida Sierra de Guadalupe de la alcaldía Gustavo A. Madero; en las estaciones del Metrobús Canal de San Juan y Nicolás Bravo, el plantel San Lorenzo Tezonco de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UTOPÍA Hídrica “Atzintli” y el parque Los Arneses, todas ellas en la alcaldía Iztapalapa; así como en el Río Magdalena, dentro de la alcaldía Magdalena Contreras, en el Parque Lúdico Macondo, de la alcaldía Tlalpan, y en la Escuela Secundaria Número 46 “José Vasconcelos”, en la alcaldía Cuauhtémoc.

En la Subestación Eléctrica de Alta Tensión (SEAT) Estrella, en la colonia Minerva, alcaldía Iztapalapa, un muro de 28 metros de longitud fue transformado en un nuevo espacio verde con plantas trepadoras y enredaderas.

Rodolfo López, técnico del área de supervisión de obra de la Dirección de Infraestructura Verde, explica que “la intención es recuperar estos sitios desaprovechados para convertirlos en áreas verdes que favorezcan a todos los usuarios que viven cerca”.

Para llevar a cabo estas intervenciones, primero se realiza un diagnóstico estructural del muro, luego mediciones y trazos para la colocación de una malla de alambre fijada a la pared con tornillos. Posteriormente se realiza la apertura de una zanja para plantar las enredaderas y orientarlas de tal forma que puedan subir poco a poco por la guía de alambre.

En el parque Los Arneses, fueron plantadas 68 enredaderas conocidas como trompetero mexicano ( Amphilophium buccinatorium ), las cuales se distribuyeron a lo largo de toda la pared y fueron orientadas de tal forma que pudieran subir por la red de alambre conforme crecen.

Para la plantación, se aplicó un nuevo sustrato en el suelo, así como triturado de madera en la superficie y, por último, se llevó a cabo el riego de los trompeteros, especies que se continuarán desarrollando en los próximos meses, hasta cubrir de verde los 106.4 metros cuadrados de superficie de la barda, que anteriormente se encontraba cubierta por pintas.

El muro, de 28 metros de longitud por 3.8 metros de altura, fue intervenido en coordinación con el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, ya que se trata de la barda perimetral de una subestación eléctrica de dicha institución, la cual colinda con el Parque de Los Arneses.

Las «bardas vivas» aportan beneficios como la retención de polvo, partículas y sustancias contaminantes, el incremento de la infiltración de agua y la existencia de superficies permeables en zonas altamente urbanizadas, además de embellecer el entorno y facilitar la actividad de la fauna polinizadora.

FUENTE: sedema

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Desafíos ambientales de México en 2023: frenar violencia contra defensores, evitar extinción de especies y hacer de la conservación de la naturaleza una prioridad

  • México llega al 2023 como una de las naciones con el mayor número de personas defensoras de ambiente y territorio asesinadas en la última década. Contar con mecanismos efectivos para prevenir las violencias contra los defensores y terminar con la impunidad alrededor de estas agresiones son algunos de los grandes retos del país.
  • Con un presupuesto mínimo, el país deberá garantizar la conservación de las Áreas Naturales Protegidas, detener la deforestación y el deterioro de los ecosistemas. Este 2023 también será clave para demostrar que se trabaja en salvar de la extinción a la vaquita marina, el mamífero marino más amenazado en el mundo.
  • En un contexto en el que grupos del crimen organizado tienen mayor presencia en territorios con importancia ecológica, otros desafíos ambientales para el país son la conservación de las regiones forestales y el freno a la pesca ilegal.

El pescador artesanal enfila su lancha afuera de la Bahía de Zihuatanejo. Ahí, frente a la costa de Guerrero, en las aguas del Pacífico mexicano, el hombre que se ha dedicado a pescar desde que era niño cuenta que en los últimos años es más difícil encontrar el pez vela o el dorado. También narra cómo, desde hace algún tiempo, buena parte de la pesca ilegal que se realiza con redes prohibidas es controlada por aquellos que forman parte de la “maña”. Esa es la palabra que en estas tierras se usa para nombrar a los grupos del crimen organizado.

A ellos, dice el pescador, ninguna autoridad los detiene. Incluso, en algunas áreas de esta zona del Pacífico guerrerense son los integrantes de estos grupos los que deciden quién puede pescar y quién no.

El pescador cuenta lo que sucede en estas tierras cuando transcurren los últimos días del 2022.

Un par de semanas antes, otras voces advierten sobre lo que sucede en territorios alejados del mar: en una carta enviada a las autoridades de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la organización Montañistas Unidos alertó que algunas áreas naturales protegidas comienzan a ser controladas por grupos del crimen organizado. En su escrito, los montañistas denunciaron que en el Parque Nacional Pico de Orizaba, por ejemplo, personas que en ocasiones están armadas exigen un pago a quien desea ingresar al sitio ubicado en el estado de Veracruz.

Las palabras del pescador y de los montañistas delinean el contexto que enmarca a buena parte de los desafíos ambientales que México tiene frente así en este 2023. La mayoría de estos retos no son nuevos. Algunos se han agudizado ante la falta de un presupuesto adecuado para el sector ambiental y por el desdén que existe hacia la naturaleza.

Mongabay Latam consultó a especialistas que, como otros años, mencionan la urgencia de que el tema ambiental se coloque como una prioridad nacional, sobre todo en las políticas públicas. Varios de ellos también celebran la existencia de iniciativas comunitarias que trabajan en conservar y restaurar ecosistemas. Esperan que este 2023 sea un tiempo en el que esas acciones se multipliquen.

1. Frenar la violencia contra defensores

México es considerado como uno de los lugares más peligrosos para las personas defensoras del ambiente y el territorio, de acuerdo con el informe de Global Witness publicado en septiembre de 2022.

Entre 2012 y 2021, el país registró 154 agresiones letales en contra de personas defensoras; 131 de ellas ocurrieron entre 2017 y 2021. Tan solo en 2021, México se colocó con la nación más violenta en contra de quienes defienden el ambiente y el territorio al registrar 54 casos, de acuerdo con los datos del informe de Global Witness.

Tomás Severino Ortega, director de la organización no gubernamental Cultura Ecológica y la Iniciativa de Acceso México, menciona que uno de los grandes desafíos del país para el 2023 será frenar la violencia contra las personas defensoras de ambiente y territorio.

Y para ello, resalta, México deberá trabajar en la implementación del Acuerdo de Escazú, el tratado de América Latina y el Caribe que entró en vigor en abril de 2021 y que, por primera vez, reconoce a los defensores de derechos humanos en temas ambientales y obliga a los Estados a protegerlos.

El Artículo 9 de Escazú señala que se debe garantizar “un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.

Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), resalta que también es urgente una revisión y fortalecimiento —con personal y recursos suficientes— del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual depende de la Secretaría de Gobernación.

Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, “el mecanismo ha contado con menos recursos y capacidades, por lo que no tiene las herramientas necesarias para cumplir con su cometido”, anota Tomás Severino.

El mecanismo, resalta Severino, “tiene un enfoque más reactivo que preventivo. Así que siempre va a llegar tarde”. Para el director de Cultura Ecológica, además de construir un mecanismo con un enfoque preventivo es necesario trabajar en cumplir lo que señala el Artículo 9 de Escazú: “Si queremos menos violencia y degradación ambiental, se deben construir procesos de política pública más deliberativos, más democráticos y menos desbalanceados a favor del poder”.

Gustavo Alanís coincide: “Debe de haber un cambio radical en la política para poder asegurar que los defensores puedan, como dice el Acuerdo de Escazú, realizar su trabajo en un ambiente que sea seguro”.

En este 2023 será vital la implementación del Acuerdo de Escazú no solo en el tema de los defensores, también para garantizar el acceso a la justicia ambiental, el acceso a la información y la participación ciudadana.

México —señala Alanís— debería tomar el liderazgo en la región y realizar las reformas necesarias para que realmente se pueda implementar el Acuerdo de Escazú, “para que no sea solo un protocolo que se queda en el papel y no se cumple”.

Severino observa que la tarea de implementar el Acuerdo de Escazú no será nada fácil, sobre todo porque “se sigue privilegiando el extractivismo”, cada vez hay menos capacidades del Estado en el sector ambiental y hay un aumento en la militarización de las grandes obras de infraestructura, como el llamado Tren Maya que, pese a todas las críticas que ha recibido, el gobierno federal planea inaugurar a finales de 2023.

La visión de Severino también es compartida por Rosa Marina Flores Cruz, integrante de la Alianza de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y del Territorio y de la Red Futuros Indígenas. Los megaproyectos del gobierno federal, señala, se están implementando “desde la misma lógica extractivista e invasiva, desde la transformación radical del territorio”.

2. Fortalecer a las Áreas Naturales Protegidas

En 2023, el presupuesto para el sector ambiental será de poco más de 75 627 millones de pesos. Esa cantidad representa un incremento considerable si se compara con los poco más 40 795 millones de pesos que tuvo en 2022. Sin embargo, 90.5 % del presupuesto al sector ambiental lo acapara la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dependencia que contará con 68 485 millones de pesos.

En los dos últimos años, Conagua es la única dependencia del sector ambiental que ha tenido un aumento importante en los recursos con los que dispone. Aun así, esta comisión no ha logrado terminar con el acaparamiento de concesiones de agua, los pozos ilegales y la falta de pago de los derechos de agua.

Buena parte del presupuesto que Conagua tendrá en 2023 se destinará al desarrollo de infraestructura hidráulica y sistemas de tratamiento de aguas residuales, con ello “el ejecutivo olvida impulsar el manejo integrado de cuencas hidrológicas, lo cual permitiría lograr enormes ahorros en procesos de potabilización del agua, al tiempo de mejorar los ingresos y nivel de vida de las comunidades que habitan en las regiones rurales”, señala el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) en un análisis que realizó del presupuesto destinado al sector ambiental en los últimos cinco años.

Sin tomar en cuenta el presupuesto que tendrá Conagua, el sector ambiental contará con 7141 millones de pesos para el 2023. Esos recursos se repartirán entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiental del Sector Hidrocarburos (Asea).

“El sector ambiental continua con una asignación presupuestaria precaria que apenas permite a las dependencias operar de forma muy limitada, lo que tiene graves consecuencias para los territorios rurales y sus habitantes”, resalta el CCMSS en su análisis del presupuesto.

Para el doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, uno de los grandes desafíos que se tienen en el país es rehacer las instituciones ambientales que se han desmantelado: “Lo que necesitamos son grandes instituciones que verdaderamente protejan el ambiente”.

De todos los recursos federales que se destinarán al sector ambiental en 2023, solo el 1.2 % serán para la Conanp, dependencia que contará con poco más de 930 376 000 pesos para garantizar la conservación de cerca del 33 % del territorio nacional que tiene alguna categoría de protección.

Este presupuesto significa que se destinarán menos de diez pesos por hectárea para el cuidado y resguardo de las áreas naturales protegidas, de acuerdo con el documento “Cuidar lo que importa”, realizado por la coalición Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA), integrada por siete organizaciones no gubernamentales.

Los integrantes de la coalición advierten que “los recortes al presupuesto público para la protección del ambiente ponen en riesgo las acciones de conservación, restauración y vigilancia, así como la efectividad de los proyectos comunitarios al interior de las áreas naturales protegidas. En suma, afectan la salud del ambiente y el bienestar de la sociedad en su conjunto”.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dependencia encargada de hacer cumplir la legislación ambiental, contará con un presupuesto de poco más de 830 341 000 pesos, lo cual representa un leve aumento si se compara con los poco más de 776 476 000 pesos que se le destinaron en 2022.

El tener a Profepa con recursos mínimos tendrá repercusiones en la pérdida de especies que ya se encuentran en un alto riesgo. Una de ellas, la vaquita marina, el mamífero marino en mayor peligro de extinción en el mundo: se estima que sólo existen 10 ejemplares en su hábitat, el Alto Golfo de California. Justo en esa zona, por ejemplo, “Profepa lleva mucho tiempo sin embarcaciones, sin gasolina, sin vehículos”, señala Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica.

3. Detener pérdida de biodiversidad

La acelerada pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la contaminación por plásticos son las emergencias ambientales que se viven en el planeta. En las tres, México tiene mucho por hacer.

Si hablamos solo de la pérdida de biodiversidad, el país tiene como uno de sus varios retos el actualizar la Norma Oficial Mexicana 059, instrumento en donde se enlista a las especies de flora y fauna nativas que se encuentran bajo alguna categoría de riesgo. “Desde hace varios años no se actualiza la NOM-059. No sabemos si hay más especies en peligro de extinción, si algunas ya se extinguieron o si hay poblaciones que se hayan recuperado”, resalta el biólogo Alejandro Olivera.

El representante en México del Centro para la Diversidad Biológica apunta que el país debe considerar que una NOM no es el mejor instrumento para incluir a las especies en riesgo y, por lo tanto, evitar que se extinga. Lo ideal, señala Olivera, sería contar con una ley que dote de los mecanismos necesarios para conocer en forma constante cuántas especies se están perdiendo o cuántas se están recuperando.

La urgencia de actualizar la NOM-59 es aún más evidente después de que en la 19ª Conferencia de las Partes (COP19) de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), realizada en noviembre de 2022 en la ciudad de Panamá, más de 500 especies fueron incluidas en la lista de aquellas en las que se regula su comercio. En México se encuentran muchas de esas especies que se agregaron, entre ellas tiburones, ranas y reptiles.

Durante esa misma conferencia de CITES, a México se le dio hasta febrero de 2023 para presentar un plan de acción que permita salvar de la extinción a la vaquita marina. “Es muy importante que en los próximos meses, México presente este plan y sea convincente. Si esto no sucede, el comité permanente de la CITES, en su próxima reunión en noviembre de 2023, podría imponer sanciones en contra del país”, señala Olivera.

Para el biólogo es vital que las autoridades mexicanas apliquen la ley y detengan la pesca ilegal de totoaba en el Alto Golfo de California, actividad que provoca, a su vez, la captura incidental de ejemplares de vaquita marina. La totaba es endémica de esa región de México; se pesca en forma ilegal para comercializar su vejiga natatoria, la cual tiene demanda en China.

México también es observado a nivel internacional porque en las redes de pesca hay una la alta captura incidental de tortugas. Olivera explica que el secretariado de la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya solicitó que se abran expedientes de hechos por los casos de la captura incidental de tortugas y la no aplicación de la ley para evitar la pesca ilegal de totoaba.

Además de atender la captura incidental, México tiene ante sí el desafío de frenar la pesca ilegal, así como restaurar las pesquerías que están en deterioro. “No podemos permitir que el 40 % de las pesquerías vayan a colapsar. Hay que poner en acción todas las herramientas posibles para aumentar la inspección y vigilancia en los mares”, señala Renata Terrazas, de Oceana México.

Esta organización lleva un tiempo empujando una norma de trazabilidad que permita reducir el producto ilegal vendido en México y que se exporta al extranjero. “La norma de trazabilidad no acaba con la pesca ilegal, pero permite crear toda la infraestructura para reducir esta práctica”.

Terrazas también recuerda que el país no cuenta con una ley sobre restauración pesquera. Una norma así permitiría que dependencias, como la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) realicen acciones de recuperación de pesquerías en deterioro.

Hasta ahora, comenta Terrazas, son las iniciativas de comunidades, organizaciones y científicos las que han logrado recuperar especies marinas con importancia pesquera.

4. Atención a territorios forestales

La Conafor tendrá un presupuesto de poco más de 2533 millones de pesos, una cantidad incluso menor a la que se le destinó en el año 2020, cuando tuvo 2586 millones de pesos.

El Consejo Civil Mexicano de Silvicultura Sostenible (CCMSS) resalta en su análisis al presupuesto que los recortes a la Conafor afectan “de forma directa a comunidades y empresas forestales comunitarias que cuentan con estos recursos para que los propios habitantes se empleen en vigilar y hacer en forma continua las labores de manejo necesarias para sus bosques”.

La organización también subraya que “la desatención y ausencia de las instituciones en los territorios rurales, por falta de recursos financieros y humanos, genera consecuencias graves, como el incremento del cambio ilegal de uso de suelo, la tala clandestina, las plagas forestales, así como la actuación ilegal de empresas extractivas madereras, mineras y agroindustriales sobre territorios forestales comunitarios”.

José Iván Zúñiga, gerente de bosques del Instituto de Recursos Mundiales en México (WRI, por sus siglas en inglés), señala que la atención al tema de inseguridad y la falta de gobernanza en los territorios tendría que ser una de las acciones urgentes.

Para Zúñiga, el manejo forestal comunitario es una herramienta que debería fortalecerse, sobre todo porque diversos estudios científicos han demostrado que permite conservar las zonas boscosas, disminuir su vulnerabilidad ante incendios y plagas, además de ayudar a combatir la pobreza y fortalecer la gobernanza.

En 2023 también se espera que las autoridades ambientales actualicen la información sobre deforestación en México, ya que los datos oficiales y a nivel estatal disponibles en el Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF) sólo llegan hasta 2019.

En la misma página del SNIF se señala que las dos principales causas de la deforestación en México son la conversión de tierras forestales en terrenos ganaderos y en campos agrícolas. Es por ello que se espera que para el 2023 se avance en la certificación de productos cárnicos, aguacate y agave libres de deforestación.

Para el doctor Alfonso Valiente Banuet, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, uno de los principales retos que tendrá el mundo y, en especial, países como México es el producir alimentos de una forma más sustentable, sin deforestar y sin depender de los agroquímicos.

La deforestación —alerta Banuet— está terminando con las selvas tropicales húmedas de México, sobre todo en regiones como la Península de Yucatán, en los estados de Campeche y Quintana Roo. El investigador señala que el cambio de uso de suelo forestal también provoca la pérdida de las interacciones ecológicas, lo cual tiene repercusiones que se extienden, al menos, durante 40 a 60 años. “México debe trabajar para revertir estos procesos”, insiste.

En el 2023 también se espera que el gobierno federal presente datos que permitan hacer una evaluación adecuada de Sembrando Vida, el principal programa social de la actual administración y que el presidente Andrés Manuel López Obrador presenta como si se tratara de una acción de reforestación o restauración forestal, “pero no lo es. Ni los documentos de diseño del programa ni los lineamientos ni reglas de operación lo señalan así. Es un programa de desarrollo social que contribuye a la seguridad alimentaria, que contribuye a la recuperación de especies agrícolas y forestales que se estaban perdiendo, pero no es un programa ambiental”, señala José Iván Zúñiga, gerente de bosques de WRI México.

Al igual que Zúñiga son varias las voces, entre ellos Tomás Severino, los que insisten en que hasta el momento no existen indicadores que permitan considerar al programa Sembrando Vida como una acción que permita disminuir la contribución de México en sus emisiones de gases de efecto invernadero, como lo ha planteado el gobierno federal.

Para el doctor Luis Zambrano, el gran problema de Sembrando Vida es que se enfoca en pensar en la utilidad para el ser humano y no en el hábitat: “Cuando se piensa sólo en el organismo y no el hábitat, se pierde mucha biodiversidad”.

5. Crear nuevas leyes, actualizar otras y hacer cumplir las existentes.

Combatir la impunidad que permea en el territorio nacional es uno de los grandes desafíos que tiene México.

En el tema ambiental, el desdén que se ha mostrado hacia la legislación en acciones como la construcción del llamado Tren Maya —al realizar obras sin contar con autorizaciones de cambio de uso de suelo forestal— podría llevar a que el país sea denunciado en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y, próximamente, en el T-MEC. El país también podría ser protagonista de demandas por exportar a Estados Unidos aguacate que se produce en terrenos deforestados.

Gustavo Alanís menciona que un gran desafío es que en el país se cumpla con el marco legal ambiental existente: “El país necesita crear empleos, pero no se puede hacer a costa de la naturaleza… La gran apuesta como país deber ser defender el patrimonio natural y la salud de las personas”.

Entre las varias leyes ambientales que se han desdeñado en México también está la que regula el uso de plásticos. “Lo poco que se había avanzado en este tema, se retrocedió durante la pandemia del COVI-19”, señala Alejandro Olivera, quien espera que el país frene el uso excesivo de plásticos, ya que estos materiales están causando graves problemas en todos los ecosistemas, en especial, los marinos.

En el 2023 se espera que el congreso y el senado dejen de tener oídos sordos y, por fin, aprueben la Ley General de Aguas, algo que tendría que haber ocurrido desde hace, por lo menos, tres años. “No podemos seguir con una ley que está totalmente obsoleta”, señala la doctora Marisol Anglés Hernández, especialista en derecho ambiental del Instituto de Investigación Jurídicas de la UNAM.

La especialista también menciona que en el 2023 se deberá tener la Norma Oficial Mexicana sobre la Aplicación de Plaguicidas vía aérea. Y se espera que se reforme la Ley de Minería para que, entre otras cosas, se elimine el carácter de utilidad pública y de actividad preferente para la minería; se haga efectiva la libre determinación de los pueblos y el derecho a decidir sobre sus territorios; se modifique el régimen de concesiones para evitar la privatización de facto del territorio y de los bienes naturales y se eliminen los privilegios que tienen las empresas mineras para el acceso a la tierra y al agua.

También se tendría que actualizar la Ley de la Industria Eléctrica, “para que se permita a las comunidades generar su propia electricidad”, señala la doctora Anglés. Además, menciona, el país tendría que avanzar en serio en la transición energética: “Somos de los países que más alternativas energéticas disponibles tiene, pero seguimos subsidiando la gasolina y apostándole al combustóleo”.

Para Rosa Marina Flores Cruz, integrante de la Alianza de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y del Territorio y de la Red Futuros Indígenas, es indispensable que en estas discusiones se tome en cuenta la voz de los pueblos indígenas y de las comunidades, para evitar que se les impongan proyectos —eólicos o solares— que solo “generan ‘alternativas’ para que una parte de la población continúe con sus mismas dinámicas de consumo”.

En México, Guatemala y otros países, resalta Marina Flores, hay comunidades que están mostrando que existen otras formas de generar energía sin que se vulnere los derechos de quienes habitan los territorios.

En ese sentido, la doctora Anglés resalta que el mayor reto es lograr que cada vez más comunidades y ciudadanos abracen la causa ambiental. Tomás Severino confía en que durante el 2023 aumentará la participación social alrededor de la defensa del medio ambiente, sobre todo porque “cada vez hay más conciencia colectiva sobre los temas ambientales… Hay muchas cosas qué hacer y necesitamos a más gente para que se continúe haciendo”.

El investigador Luis Zambrano reconoce que existe una gran desesperanza cuando se habla de temas ambientales a nivel global, “pero lo que sí tenemos es la posibilidad de actuar para mejorar las condiciones de la biodiversidad de nuestro país o de nuestra comunidad. Es fundamental empezar a actuar de manera local”.

En un contexto de emergencias ambientales cabe recordar lo que hace algunos años escribió el ecólogo Paul R. Ehrlich (Filadelfia, 1932), presidente del Centro para la Biología de la Conservación de Stanford: “Nuestro desafío es aprender a tratar con sensibilidad la naturaleza y nuestras naturalezas, para que todos aprendamos a ser ambientalistas y ‘personas personas’”.

FUENTE: es.mongabay

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Destacan unas iniciativas por el medio ambiente para Yucatán

Yucatán se está transformando en un estado cada vez más verde, limpio y sustentable gracias a iniciativas que protejan al medio ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales del territorio, indica un boletín.

Durante 2022, se afirma, el gobernador Mauricio Vila Dosal encabezó un proyecto para poner manos a la obra en la conservación del entorno, para ofrecer una entidad más verde a las próximas generaciones, resultado de planes de conservación, manejo de residuos sólidos, jornadas de limpieza y alianzas con organizaciones mundiales que contribuyan con esta misión.

Durante la administración se dieron pasos como por ejemplo con el Sistema Metropolitano de Manejo de Residuos, con el que se atiende el problema de residuos sólidos en Conkal, Progreso, Kanasín, Tixpéual, Ucú, Umán y Mérida, municipios donde se genera el 62% de la basura de Yucatán; y, contempla la clausura de tiraderos al aire libre, el establecimiento de estaciones de transferencia, el fomento del acopio diferenciado y el equipamiento para mejorar la recolección de basura, pasando de tener 7 sitios de disposición final a uno solo, en el Relleno Sanitario de la capital yucateca.

Se presentó la Estrategia de Recuperación y Conservación de Ecosistemas, enfocada en la protección y el rescate de estos, con su diversidad de plantas y animales, a través de la planeación, el desarrollo y la ejecución de esquemas para cuidar las reservas y zonas más importantes, así como garantizar la captura de carbono en las mismas, en busca de beneficios directos e indirectos para las comunidades.

Se indica que la ciudadanía unió esfuerzos por un estado más verde con la mega jornada “Unidos limpiando Yucatán”, que reunió a más de 10,000 voluntarios y fue primera en su tipo a nivel nacional, en más de 1,400 kilómetros lineales de carreteras, como parte de Yucatán Cero Residuos.

Como parte del Programa de Manejo de Residuos, Vila Dosal entregó a las 106 demarcaciones un esquema personalizado para atender las problemáticas de su localidad y, juntos, seguir colaborando en la materia, con lo que la entidad se convirtió en la primera del país en tener herramientas particulares para cada localidad, en colaboración con las Universidades Marista y Tecnológica Metropolitana (UTM), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para atender las necesidades de cada demarcación.

Puso en marcha el Proyecto de Comanejo del Parque Nacional del Arrecife Alacranes, a través del cual se realizan acciones de monitoreo, prevención, control y erradicación de especies invasoras, con tal de reducir los efectos de la actividad humana y fortalecer la protección en la zona; se dispuso guardaparques, lanchas y equipamiento, e iniciaron las tareas para resguardar la estructura coralina más grande de todo el Golfo de México.

Desde junio pasado, se dispuso un equipo de 6 guardaparques, con licenciatura en Biología Marina y posgrados en Ciencias Marinas; se entregaron 3 embarcaciones, sistemas de comunicación por radio y satelital, equipo de buceo autónomo para 3 personas e Internet para contactar a tierra, y se promueve el uso de paneles y motores ecológicos, para reducir los impactos hacia este importante ecosistema.

Asimismo, el estado se convirtió en el primero de la República en contar con una ley para combatir el cambio climático, que envió el gobernador como resultado de la coordinación con UK Pact.

Vila Dosal participó en la COP15 del Convenio de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica en Montreal, Canadá, con tal de intercambiar iniciativas y buscar financiamiento para proteger la riqueza natural local, así como en el Congreso Mundial de Gobiernos Locales por la Sostenibilidad (Iclei, por sus siglas en inglés), donde Yucatán se adhirió al Compromiso de Malmö, que fomenta acciones transversales de atención climática e incorpora la equidad social en las políticas públicas.

Se han realizado más acciones para el cuidado de ecosistemas, con programas como Yucatán Cero Residuos, la implementación de la Política Estatal para el Manejo Integral de los Mares y las Costas, la colaboración de la organización británica rePlanet en un proyecto para restaurar una zona de manglar y generar bonos de carbono, así como la presencia en el Encuentro de Gobernadores Sur-Sureste con la Embajada de Estados Unidos de América.

En alianza con Tech4Nature, se afirma que Yucatán se convirtió en la primera región de América Latina que hace uso de lo último en tecnología digital, a través de 15 cámaras trampa y 70 audiomoths instalados en la Reserva de Dzilam de Bravo, con lo que se obtiene información para la conservación del ambiente y los animales, según se manifiesta en el boletín.

Se pretenden restaurar 50,000 hectáreas de manglares en el territorio.

La milpa maya recibió un reconocimiento a nivel global, de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), por la complejidad de este modelo, que incluye el cultivo combinado de frijol, calabaza y, principalmente, maíz, base de la alimentación regional desde tiempos ancestrales.

El nombramiento de este como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (Sipam) se da como fruto del trabajo de las y los productores, que ha trascendido por más de 3,000 años, como parte integral de la identidad de la zona; se caracteriza por su resiliencia ante a los cambios del clima y la modernidad, larga vida y contribuciones a la conservación tanto de la cultura como la biodiversidad de la Península.

La administración estatal y el Ayuntamiento de Renán Barrera Concha construirán el primer Hospital Veterinario Público de todo el sureste de México, como parte de los acuerdos de la Declaración Mérida 2050; mediante una inversión conjunta superior a los 15 millones de pesos se brindará atención especializada e integral a las mascotas de los yucatecos.

FUENTE: yucatan