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Desafíos ambientales de México en 2023: frenar violencia contra defensores, evitar extinción de especies y hacer de la conservación de la naturaleza una prioridad

  • México llega al 2023 como una de las naciones con el mayor número de personas defensoras de ambiente y territorio asesinadas en la última década. Contar con mecanismos efectivos para prevenir las violencias contra los defensores y terminar con la impunidad alrededor de estas agresiones son algunos de los grandes retos del país.
  • Con un presupuesto mínimo, el país deberá garantizar la conservación de las Áreas Naturales Protegidas, detener la deforestación y el deterioro de los ecosistemas. Este 2023 también será clave para demostrar que se trabaja en salvar de la extinción a la vaquita marina, el mamífero marino más amenazado en el mundo.
  • En un contexto en el que grupos del crimen organizado tienen mayor presencia en territorios con importancia ecológica, otros desafíos ambientales para el país son la conservación de las regiones forestales y el freno a la pesca ilegal.

El pescador artesanal enfila su lancha afuera de la Bahía de Zihuatanejo. Ahí, frente a la costa de Guerrero, en las aguas del Pacífico mexicano, el hombre que se ha dedicado a pescar desde que era niño cuenta que en los últimos años es más difícil encontrar el pez vela o el dorado. También narra cómo, desde hace algún tiempo, buena parte de la pesca ilegal que se realiza con redes prohibidas es controlada por aquellos que forman parte de la “maña”. Esa es la palabra que en estas tierras se usa para nombrar a los grupos del crimen organizado.

A ellos, dice el pescador, ninguna autoridad los detiene. Incluso, en algunas áreas de esta zona del Pacífico guerrerense son los integrantes de estos grupos los que deciden quién puede pescar y quién no.

El pescador cuenta lo que sucede en estas tierras cuando transcurren los últimos días del 2022.

Un par de semanas antes, otras voces advierten sobre lo que sucede en territorios alejados del mar: en una carta enviada a las autoridades de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la organización Montañistas Unidos alertó que algunas áreas naturales protegidas comienzan a ser controladas por grupos del crimen organizado. En su escrito, los montañistas denunciaron que en el Parque Nacional Pico de Orizaba, por ejemplo, personas que en ocasiones están armadas exigen un pago a quien desea ingresar al sitio ubicado en el estado de Veracruz.

Las palabras del pescador y de los montañistas delinean el contexto que enmarca a buena parte de los desafíos ambientales que México tiene frente así en este 2023. La mayoría de estos retos no son nuevos. Algunos se han agudizado ante la falta de un presupuesto adecuado para el sector ambiental y por el desdén que existe hacia la naturaleza.

Mongabay Latam consultó a especialistas que, como otros años, mencionan la urgencia de que el tema ambiental se coloque como una prioridad nacional, sobre todo en las políticas públicas. Varios de ellos también celebran la existencia de iniciativas comunitarias que trabajan en conservar y restaurar ecosistemas. Esperan que este 2023 sea un tiempo en el que esas acciones se multipliquen.

1. Frenar la violencia contra defensores

México es considerado como uno de los lugares más peligrosos para las personas defensoras del ambiente y el territorio, de acuerdo con el informe de Global Witness publicado en septiembre de 2022.

Entre 2012 y 2021, el país registró 154 agresiones letales en contra de personas defensoras; 131 de ellas ocurrieron entre 2017 y 2021. Tan solo en 2021, México se colocó con la nación más violenta en contra de quienes defienden el ambiente y el territorio al registrar 54 casos, de acuerdo con los datos del informe de Global Witness.

Tomás Severino Ortega, director de la organización no gubernamental Cultura Ecológica y la Iniciativa de Acceso México, menciona que uno de los grandes desafíos del país para el 2023 será frenar la violencia contra las personas defensoras de ambiente y territorio.

Y para ello, resalta, México deberá trabajar en la implementación del Acuerdo de Escazú, el tratado de América Latina y el Caribe que entró en vigor en abril de 2021 y que, por primera vez, reconoce a los defensores de derechos humanos en temas ambientales y obliga a los Estados a protegerlos.

El Artículo 9 de Escazú señala que se debe garantizar “un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.

Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), resalta que también es urgente una revisión y fortalecimiento —con personal y recursos suficientes— del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual depende de la Secretaría de Gobernación.

Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, “el mecanismo ha contado con menos recursos y capacidades, por lo que no tiene las herramientas necesarias para cumplir con su cometido”, anota Tomás Severino.

El mecanismo, resalta Severino, “tiene un enfoque más reactivo que preventivo. Así que siempre va a llegar tarde”. Para el director de Cultura Ecológica, además de construir un mecanismo con un enfoque preventivo es necesario trabajar en cumplir lo que señala el Artículo 9 de Escazú: “Si queremos menos violencia y degradación ambiental, se deben construir procesos de política pública más deliberativos, más democráticos y menos desbalanceados a favor del poder”.

Gustavo Alanís coincide: “Debe de haber un cambio radical en la política para poder asegurar que los defensores puedan, como dice el Acuerdo de Escazú, realizar su trabajo en un ambiente que sea seguro”.

En este 2023 será vital la implementación del Acuerdo de Escazú no solo en el tema de los defensores, también para garantizar el acceso a la justicia ambiental, el acceso a la información y la participación ciudadana.

México —señala Alanís— debería tomar el liderazgo en la región y realizar las reformas necesarias para que realmente se pueda implementar el Acuerdo de Escazú, “para que no sea solo un protocolo que se queda en el papel y no se cumple”.

Severino observa que la tarea de implementar el Acuerdo de Escazú no será nada fácil, sobre todo porque “se sigue privilegiando el extractivismo”, cada vez hay menos capacidades del Estado en el sector ambiental y hay un aumento en la militarización de las grandes obras de infraestructura, como el llamado Tren Maya que, pese a todas las críticas que ha recibido, el gobierno federal planea inaugurar a finales de 2023.

La visión de Severino también es compartida por Rosa Marina Flores Cruz, integrante de la Alianza de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y del Territorio y de la Red Futuros Indígenas. Los megaproyectos del gobierno federal, señala, se están implementando “desde la misma lógica extractivista e invasiva, desde la transformación radical del territorio”.

2. Fortalecer a las Áreas Naturales Protegidas

En 2023, el presupuesto para el sector ambiental será de poco más de 75 627 millones de pesos. Esa cantidad representa un incremento considerable si se compara con los poco más 40 795 millones de pesos que tuvo en 2022. Sin embargo, 90.5 % del presupuesto al sector ambiental lo acapara la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dependencia que contará con 68 485 millones de pesos.

En los dos últimos años, Conagua es la única dependencia del sector ambiental que ha tenido un aumento importante en los recursos con los que dispone. Aun así, esta comisión no ha logrado terminar con el acaparamiento de concesiones de agua, los pozos ilegales y la falta de pago de los derechos de agua.

Buena parte del presupuesto que Conagua tendrá en 2023 se destinará al desarrollo de infraestructura hidráulica y sistemas de tratamiento de aguas residuales, con ello “el ejecutivo olvida impulsar el manejo integrado de cuencas hidrológicas, lo cual permitiría lograr enormes ahorros en procesos de potabilización del agua, al tiempo de mejorar los ingresos y nivel de vida de las comunidades que habitan en las regiones rurales”, señala el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) en un análisis que realizó del presupuesto destinado al sector ambiental en los últimos cinco años.

Sin tomar en cuenta el presupuesto que tendrá Conagua, el sector ambiental contará con 7141 millones de pesos para el 2023. Esos recursos se repartirán entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiental del Sector Hidrocarburos (Asea).

“El sector ambiental continua con una asignación presupuestaria precaria que apenas permite a las dependencias operar de forma muy limitada, lo que tiene graves consecuencias para los territorios rurales y sus habitantes”, resalta el CCMSS en su análisis del presupuesto.

Para el doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, uno de los grandes desafíos que se tienen en el país es rehacer las instituciones ambientales que se han desmantelado: “Lo que necesitamos son grandes instituciones que verdaderamente protejan el ambiente”.

De todos los recursos federales que se destinarán al sector ambiental en 2023, solo el 1.2 % serán para la Conanp, dependencia que contará con poco más de 930 376 000 pesos para garantizar la conservación de cerca del 33 % del territorio nacional que tiene alguna categoría de protección.

Este presupuesto significa que se destinarán menos de diez pesos por hectárea para el cuidado y resguardo de las áreas naturales protegidas, de acuerdo con el documento “Cuidar lo que importa”, realizado por la coalición Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA), integrada por siete organizaciones no gubernamentales.

Los integrantes de la coalición advierten que “los recortes al presupuesto público para la protección del ambiente ponen en riesgo las acciones de conservación, restauración y vigilancia, así como la efectividad de los proyectos comunitarios al interior de las áreas naturales protegidas. En suma, afectan la salud del ambiente y el bienestar de la sociedad en su conjunto”.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dependencia encargada de hacer cumplir la legislación ambiental, contará con un presupuesto de poco más de 830 341 000 pesos, lo cual representa un leve aumento si se compara con los poco más de 776 476 000 pesos que se le destinaron en 2022.

El tener a Profepa con recursos mínimos tendrá repercusiones en la pérdida de especies que ya se encuentran en un alto riesgo. Una de ellas, la vaquita marina, el mamífero marino en mayor peligro de extinción en el mundo: se estima que sólo existen 10 ejemplares en su hábitat, el Alto Golfo de California. Justo en esa zona, por ejemplo, “Profepa lleva mucho tiempo sin embarcaciones, sin gasolina, sin vehículos”, señala Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica.

3. Detener pérdida de biodiversidad

La acelerada pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la contaminación por plásticos son las emergencias ambientales que se viven en el planeta. En las tres, México tiene mucho por hacer.

Si hablamos solo de la pérdida de biodiversidad, el país tiene como uno de sus varios retos el actualizar la Norma Oficial Mexicana 059, instrumento en donde se enlista a las especies de flora y fauna nativas que se encuentran bajo alguna categoría de riesgo. “Desde hace varios años no se actualiza la NOM-059. No sabemos si hay más especies en peligro de extinción, si algunas ya se extinguieron o si hay poblaciones que se hayan recuperado”, resalta el biólogo Alejandro Olivera.

El representante en México del Centro para la Diversidad Biológica apunta que el país debe considerar que una NOM no es el mejor instrumento para incluir a las especies en riesgo y, por lo tanto, evitar que se extinga. Lo ideal, señala Olivera, sería contar con una ley que dote de los mecanismos necesarios para conocer en forma constante cuántas especies se están perdiendo o cuántas se están recuperando.

La urgencia de actualizar la NOM-59 es aún más evidente después de que en la 19ª Conferencia de las Partes (COP19) de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), realizada en noviembre de 2022 en la ciudad de Panamá, más de 500 especies fueron incluidas en la lista de aquellas en las que se regula su comercio. En México se encuentran muchas de esas especies que se agregaron, entre ellas tiburones, ranas y reptiles.

Durante esa misma conferencia de CITES, a México se le dio hasta febrero de 2023 para presentar un plan de acción que permita salvar de la extinción a la vaquita marina. “Es muy importante que en los próximos meses, México presente este plan y sea convincente. Si esto no sucede, el comité permanente de la CITES, en su próxima reunión en noviembre de 2023, podría imponer sanciones en contra del país”, señala Olivera.

Para el biólogo es vital que las autoridades mexicanas apliquen la ley y detengan la pesca ilegal de totoaba en el Alto Golfo de California, actividad que provoca, a su vez, la captura incidental de ejemplares de vaquita marina. La totaba es endémica de esa región de México; se pesca en forma ilegal para comercializar su vejiga natatoria, la cual tiene demanda en China.

México también es observado a nivel internacional porque en las redes de pesca hay una la alta captura incidental de tortugas. Olivera explica que el secretariado de la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya solicitó que se abran expedientes de hechos por los casos de la captura incidental de tortugas y la no aplicación de la ley para evitar la pesca ilegal de totoaba.

Además de atender la captura incidental, México tiene ante sí el desafío de frenar la pesca ilegal, así como restaurar las pesquerías que están en deterioro. “No podemos permitir que el 40 % de las pesquerías vayan a colapsar. Hay que poner en acción todas las herramientas posibles para aumentar la inspección y vigilancia en los mares”, señala Renata Terrazas, de Oceana México.

Esta organización lleva un tiempo empujando una norma de trazabilidad que permita reducir el producto ilegal vendido en México y que se exporta al extranjero. “La norma de trazabilidad no acaba con la pesca ilegal, pero permite crear toda la infraestructura para reducir esta práctica”.

Terrazas también recuerda que el país no cuenta con una ley sobre restauración pesquera. Una norma así permitiría que dependencias, como la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) realicen acciones de recuperación de pesquerías en deterioro.

Hasta ahora, comenta Terrazas, son las iniciativas de comunidades, organizaciones y científicos las que han logrado recuperar especies marinas con importancia pesquera.

4. Atención a territorios forestales

La Conafor tendrá un presupuesto de poco más de 2533 millones de pesos, una cantidad incluso menor a la que se le destinó en el año 2020, cuando tuvo 2586 millones de pesos.

El Consejo Civil Mexicano de Silvicultura Sostenible (CCMSS) resalta en su análisis al presupuesto que los recortes a la Conafor afectan “de forma directa a comunidades y empresas forestales comunitarias que cuentan con estos recursos para que los propios habitantes se empleen en vigilar y hacer en forma continua las labores de manejo necesarias para sus bosques”.

La organización también subraya que “la desatención y ausencia de las instituciones en los territorios rurales, por falta de recursos financieros y humanos, genera consecuencias graves, como el incremento del cambio ilegal de uso de suelo, la tala clandestina, las plagas forestales, así como la actuación ilegal de empresas extractivas madereras, mineras y agroindustriales sobre territorios forestales comunitarios”.

José Iván Zúñiga, gerente de bosques del Instituto de Recursos Mundiales en México (WRI, por sus siglas en inglés), señala que la atención al tema de inseguridad y la falta de gobernanza en los territorios tendría que ser una de las acciones urgentes.

Para Zúñiga, el manejo forestal comunitario es una herramienta que debería fortalecerse, sobre todo porque diversos estudios científicos han demostrado que permite conservar las zonas boscosas, disminuir su vulnerabilidad ante incendios y plagas, además de ayudar a combatir la pobreza y fortalecer la gobernanza.

En 2023 también se espera que las autoridades ambientales actualicen la información sobre deforestación en México, ya que los datos oficiales y a nivel estatal disponibles en el Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF) sólo llegan hasta 2019.

En la misma página del SNIF se señala que las dos principales causas de la deforestación en México son la conversión de tierras forestales en terrenos ganaderos y en campos agrícolas. Es por ello que se espera que para el 2023 se avance en la certificación de productos cárnicos, aguacate y agave libres de deforestación.

Para el doctor Alfonso Valiente Banuet, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, uno de los principales retos que tendrá el mundo y, en especial, países como México es el producir alimentos de una forma más sustentable, sin deforestar y sin depender de los agroquímicos.

La deforestación —alerta Banuet— está terminando con las selvas tropicales húmedas de México, sobre todo en regiones como la Península de Yucatán, en los estados de Campeche y Quintana Roo. El investigador señala que el cambio de uso de suelo forestal también provoca la pérdida de las interacciones ecológicas, lo cual tiene repercusiones que se extienden, al menos, durante 40 a 60 años. “México debe trabajar para revertir estos procesos”, insiste.

En el 2023 también se espera que el gobierno federal presente datos que permitan hacer una evaluación adecuada de Sembrando Vida, el principal programa social de la actual administración y que el presidente Andrés Manuel López Obrador presenta como si se tratara de una acción de reforestación o restauración forestal, “pero no lo es. Ni los documentos de diseño del programa ni los lineamientos ni reglas de operación lo señalan así. Es un programa de desarrollo social que contribuye a la seguridad alimentaria, que contribuye a la recuperación de especies agrícolas y forestales que se estaban perdiendo, pero no es un programa ambiental”, señala José Iván Zúñiga, gerente de bosques de WRI México.

Al igual que Zúñiga son varias las voces, entre ellos Tomás Severino, los que insisten en que hasta el momento no existen indicadores que permitan considerar al programa Sembrando Vida como una acción que permita disminuir la contribución de México en sus emisiones de gases de efecto invernadero, como lo ha planteado el gobierno federal.

Para el doctor Luis Zambrano, el gran problema de Sembrando Vida es que se enfoca en pensar en la utilidad para el ser humano y no en el hábitat: “Cuando se piensa sólo en el organismo y no el hábitat, se pierde mucha biodiversidad”.

5. Crear nuevas leyes, actualizar otras y hacer cumplir las existentes.

Combatir la impunidad que permea en el territorio nacional es uno de los grandes desafíos que tiene México.

En el tema ambiental, el desdén que se ha mostrado hacia la legislación en acciones como la construcción del llamado Tren Maya —al realizar obras sin contar con autorizaciones de cambio de uso de suelo forestal— podría llevar a que el país sea denunciado en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y, próximamente, en el T-MEC. El país también podría ser protagonista de demandas por exportar a Estados Unidos aguacate que se produce en terrenos deforestados.

Gustavo Alanís menciona que un gran desafío es que en el país se cumpla con el marco legal ambiental existente: “El país necesita crear empleos, pero no se puede hacer a costa de la naturaleza… La gran apuesta como país deber ser defender el patrimonio natural y la salud de las personas”.

Entre las varias leyes ambientales que se han desdeñado en México también está la que regula el uso de plásticos. “Lo poco que se había avanzado en este tema, se retrocedió durante la pandemia del COVI-19”, señala Alejandro Olivera, quien espera que el país frene el uso excesivo de plásticos, ya que estos materiales están causando graves problemas en todos los ecosistemas, en especial, los marinos.

En el 2023 se espera que el congreso y el senado dejen de tener oídos sordos y, por fin, aprueben la Ley General de Aguas, algo que tendría que haber ocurrido desde hace, por lo menos, tres años. “No podemos seguir con una ley que está totalmente obsoleta”, señala la doctora Marisol Anglés Hernández, especialista en derecho ambiental del Instituto de Investigación Jurídicas de la UNAM.

La especialista también menciona que en el 2023 se deberá tener la Norma Oficial Mexicana sobre la Aplicación de Plaguicidas vía aérea. Y se espera que se reforme la Ley de Minería para que, entre otras cosas, se elimine el carácter de utilidad pública y de actividad preferente para la minería; se haga efectiva la libre determinación de los pueblos y el derecho a decidir sobre sus territorios; se modifique el régimen de concesiones para evitar la privatización de facto del territorio y de los bienes naturales y se eliminen los privilegios que tienen las empresas mineras para el acceso a la tierra y al agua.

También se tendría que actualizar la Ley de la Industria Eléctrica, “para que se permita a las comunidades generar su propia electricidad”, señala la doctora Anglés. Además, menciona, el país tendría que avanzar en serio en la transición energética: “Somos de los países que más alternativas energéticas disponibles tiene, pero seguimos subsidiando la gasolina y apostándole al combustóleo”.

Para Rosa Marina Flores Cruz, integrante de la Alianza de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y del Territorio y de la Red Futuros Indígenas, es indispensable que en estas discusiones se tome en cuenta la voz de los pueblos indígenas y de las comunidades, para evitar que se les impongan proyectos —eólicos o solares— que solo “generan ‘alternativas’ para que una parte de la población continúe con sus mismas dinámicas de consumo”.

En México, Guatemala y otros países, resalta Marina Flores, hay comunidades que están mostrando que existen otras formas de generar energía sin que se vulnere los derechos de quienes habitan los territorios.

En ese sentido, la doctora Anglés resalta que el mayor reto es lograr que cada vez más comunidades y ciudadanos abracen la causa ambiental. Tomás Severino confía en que durante el 2023 aumentará la participación social alrededor de la defensa del medio ambiente, sobre todo porque “cada vez hay más conciencia colectiva sobre los temas ambientales… Hay muchas cosas qué hacer y necesitamos a más gente para que se continúe haciendo”.

El investigador Luis Zambrano reconoce que existe una gran desesperanza cuando se habla de temas ambientales a nivel global, “pero lo que sí tenemos es la posibilidad de actuar para mejorar las condiciones de la biodiversidad de nuestro país o de nuestra comunidad. Es fundamental empezar a actuar de manera local”.

En un contexto de emergencias ambientales cabe recordar lo que hace algunos años escribió el ecólogo Paul R. Ehrlich (Filadelfia, 1932), presidente del Centro para la Biología de la Conservación de Stanford: “Nuestro desafío es aprender a tratar con sensibilidad la naturaleza y nuestras naturalezas, para que todos aprendamos a ser ambientalistas y ‘personas personas’”.

FUENTE: es.mongabay

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