- n el país, el 60 % de los bosques y selvas se encuentran en territorios que pertenecen a ejidos y comunidades.
- Los bosques con un cuidado permanente son aquellos que tienen una organización comunitaria a su alrededor o tienen programas de aprovechamiento forestal.
- Las zonas forestales que son dejadas a su suerte están más propensas a la tala ilegal, a la proliferación de plagas y, sobre todo, a los incendios.
Solo ramas y pedazos de troncos tirados en el suelo quedaron donde antes había bosque. Eso fue lo que dejaron los taladores ilegales que, entre 2008 y 2011, entraron a la zona forestal de la comunidad de Cherán, en la región purépecha de Michoacán. En tres años, la devastación alcanzó a cerca de 7133 hectáreas.
En esos años, la comunidad indígena purépecha de Cherán estaba dividida. Esa fragmentación no permitía un manejo forestal ordenado y constante para cuidar el bosque. Algunos pobladores estaban a favor de aprovechar y cuidar ciertas áreas con un programa autorizado por las autoridades ambientales. Otros se inclinaban por no tocar ningún árbol. Unos más preferían no tener encima la obligación de hacer faenas para cuidar el territorio comunitario.
La falta de organización abrió las puertas a la tala ilegal. A partir de 2008, la situación se desbordó: integrantes del crimen organizado entraban sin pudor a la zona forestal de la comunidad para llevarse la madera. “Llegaban con sopletes arrasando los árboles. Querían acabarlos todos para dejar el terreno listo para la siembra de aguacate”, asegura Miguel Macías Sánchez, presidente del comisariado de bienes comunales de Cherán entre 2018 y 2021.
La pérdida del bosque detonó la unión de los habitantes de Cherán para defender su territorio. En abril de 2011, las mujeres comenzaron la movilización que logró sacar a los talamontes ilegales, correr a las autoridades y a los partidos políticos, por considerarlos cómplices y alentadores de la división comunitaria. No fue fácil. La comunidad indígena lloró la muerte y desaparición de varios de sus integrantes. Pero a partir de entonces, Cherán comenzó un proceso político de defensa de su autonomía y, a la par, una recuperación de su zona forestal.
“Nos dejaron pelón alrededor del 50 por ciento del bosque”, recuerda Miguel Macías. Una década después, Cherán logró regenerar la masa forestal casi al cien por ciento. “Tenemos ya bastante pino joven de 10 o 12 años”, dice orgulloso el expresidente de bienes comunales.
Cherán tiene 16 684 hectáreas de terrenos forestales. La especie que predomina en sus bosques de clima templado frío es el pino, pero también hay encino. La comunidad no realiza un manejo forestal formal, que no es más que las reglas y técnicas usadas para mantener los bosques en buen estado. “No se hace esto en forma porque nos falta el estatuto comunal (la serie de derechos y obligaciones que asume cada comunero)”, explica el excomisario. Aun así, la comunidad ya está organizada para cuidar el bosque.
Lo que vivió Cherán entre 2008 y 2011 muestra la alta vulnerabilidad en que se encuentran las zonas forestales que no tienen una organización comunitaria a su alrededor; son bosques dejados a su suerte, por lo que están más propensos a la tala ilegal, a la proliferación de plagas forestales y, sobre todo, a los incendios, destaca Aurelio Bastida, especialista en sistemas forestales y profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo.
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Bosques en territorios comunitarios
Los bosques con un cuidado permanente son aquellos que cuentan con una organización comunitaria a su alrededor o tienen programas de aprovechamiento para la extracción de madera en forma legal. En esas zonas forestales, los ejidos o comunidades se organizan para hacer reforestación, podas, abrir brechas corta fuego, monitorear la presencia de plagas, realizar saneamiento e, incluso, tener guardias de vigilancia para evitar la tala y caza ilegal.
En México hay 30 057 ejidos y comunidades agrarias; casi la mitad de ellos, 14 341 cuentan con zonas forestales en donde hay, por lo menos, 200 hectáreas de selva, bosque, manglar o matorral. Así que en el país, el 60 % de los bosques y selvas —alrededor de 66 millones de hectáreas— se encuentran en territorios comunitarios.
Salvador Anta Fonseca, director de Política Forestal del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), afirma que solo 4 mil ejidos y comunidades en el país realizan manejo forestal maderable y no maderable; de ellos, 2310 cuentan con al menos una autorización para aprovechamiento de madera.
Tener una autorización de aprovechamiento forestal implica contar con un programa de manejo que permite a las comunidades realizar una extracción racional y controlada de madera o de otros recursos no maderables, como la resina. Para tener esos permisos —resalta Aurelio Bastida— toda comunidad debe, por regla, hacer trabajos de restauración, protección y conservación.
Anta Fonseca menciona que hay cerca de 11 mil ejidos y comunidades que tienen territorio forestal que no tienen programas de manejo forestal. Aunque eso no implica que no cuiden sus bosques.
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Cuidar el bosque entre todos
En San Juan Evangelista Analco, en la sierra norte de Oaxaca, en la zona sur de México, apenas hace 10 años se hace aprovechamiento maderable, ecoturismo y producción de carbón vegetal. Y aunque sus empresas comunitarias son jóvenes, esta comunidad ha cuidado desde siempre sus 1200 hectáreas habitadas por pino y encino.
“Tenemos muy claro que está prohibido deforestar para sembrar, por ejemplo. Y las autoridades tampoco se dejan sobornar para que empresas vengan a la zona a devastar, como pasó con algunas comunidades vecinas. Analco siempre ha tenido claro que el bosque es su casa y no puedes decir, sí, llévatela”, dice Michelle Sánchez, habitante de esta comunidad.
Los habitantes de Analco tienen tanto respeto al bosque que le piden permiso incluso cuando realizan tareas de conservación: “Las mujeres mayores —cuenta Sánchez— hacen un hoyo en la tierra, hablan con él, porque está vivo, y le dejan comida y bebidas”, cuenta Sánchez.
Además de ese respeto por los bienes naturales, en Analco hay una fuerte organización y gobernanza. Todo se decide en asamblea, los acuerdos a los que se llegan se tienen que cumplir para el beneficio de la comunidad.
Otro ejemplo está en la Península de Yucatán: Nuevo Becal es un enorme ejido que cuenta con 52 mil hectáreas en la selva maya de Calakmul, Campeche. La comunidad decidió que 3500 hectáreas fueran Área Destinada Voluntariamente a la Conservación, categoría que es avalada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
En Nuevo Becal, desde hace 40 años, se hace aprovechamiento forestal maderable y no maderable. Desde su fundación como ejido, en los años setenta, se cuida la selva, asegura Lucio López Méndez, integrante del consejo de vigilancia, quien presume que tienen un manejo integral del territorio. Esto les ha permitido montar empresas comunitarias para el aprovechamiento de madera, chicle, cacao y fauna.
“Lo que se ha logrado —explica López Méndez— ha sido posible gracias a la organización y a la estructura de gobernanza, de la que parte todo. Tenemos un consejo forestal que es el órgano máximo que toma las decisiones, incluso antes de llegar a la asamblea, donde se construyen los acuerdos en beneficio siempre de la comunidad”.
Ricardo Ramírez, gerente de Proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal en Rainforest Alliance México, señala que en el bosque se refleja la salud del tejido social y de la gobernanza de una comunidad.
El manejo forestal —comenta Ramírez— es el principio en torno al que se organiza una comunidad. Cuando este eje no une a la población, hay una ausencia de tejido social, no hay confianza, no hay ayuda mutua. Todo el entramado y sus sistemas se van desquebrajando. Es un círculo en el que pierde el bosque, pero también la gente.
En 2013, Francisco Chapela, especialista en política forestal e integrante de la asociación Estudios Rurales y Asesoría (ERA), elaboró un estudio en el que analizó la organización social y acción colectiva en 2 mil comunidades. Lo que encontró es que existe una correlación muy estrecha entre el nivel de organización y la conservación de la masa forestal.
No todas las comunidades dejan desprotegido su bosque por decisión propia o colectiva, hay a quienes les impiden cuidarlo. Anta Fonseca señala que los gobiernos federales y estatales les sigue regateando a pueblos indígenas, como los rarámuris en Chihuahua, en el norte de México, su derecho a la tierra y a defenderla. A ellos no se les consideró para el reparto agrario, es decir la dotación de tierras. Los terrenos que son su territorio ancestral se fraccionaron para venderlos a particulares mestizos que se han dedicado a explotarlos.
Además, hay regiones del país —zonas de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua; Michoacán o Jalisco— en donde los grupos del narcotráfico se han hecho del control de los aserraderos e, incluso, de los bosques de las comunidades.
Migración, conflictos agrarios y privatización de la tierra
Los especialistas en manejo forestal comunitario coinciden en que la privatización de los terrenos comunitarios que se impulsó desde el gobierno, a partir de la segunda mitad de la década de los noventa, la migración y los cambios generacionales de los ejidatarios o comuneros han sido factores que han contribuido a la ruptura de los tejidos sociales en ejidos y comunidades forestales.
La falta de oportunidades laborales, en especial cuando no se crean empresas comunitarias derivadas del aprovechamiento forestal maderable y no maderable (el ecoturismo, la resina, el chicle, los viveros), hace que los jóvenes migren en busca de empleo, dice el especialista de Rainforest Alliance. Así que en las comunidades y ejidos se van quedando solo los mayores, que ya no pueden con todas las faenas. No hay mano de obra joven, tampoco hay innovación.
La migración también está relacionada con el derecho a la tierra. Los ejidatarios y comuneros solo pueden heredar a uno de sus hijos. El resto, si no hay empresas comunitarias donde puedan emplearse, prefiere salir a buscar opciones de trabajo y propiedad en otros lados.
En Analco, Oaxaca, se han ido muchos jóvenes a estudiar o a buscar trabajo fuera de su comunidad. “Las empresas comunitarias que tenemos ahora de madera, ecoturismo y carbón vegetal lo que buscan —dice Michelle Sánchez— es disminuir ese índice de migración laboral”. Por ahora, los empleos que la comunidad ha generado son solo 12, entre temporales y permanentes.
Los jóvenes que se quedan en Analco respetan mucho a las autoridades locales, a la asamblea, saben que tienen que realizar servicios y cargos y lo hacen. Si alguien no cumple, dice Sánchez, el estatuto comunal establece las consecuencias y la autoridad se encarga de hacerlo cumplir. Para que eso pase se realizan talleres en los que se socializa el trabajo en el bosque y se refuerza la identidad comunitaria.
Otra cosa que impide que las comunidades cuiden sus bosques son los conflictos agrarios por los derechos sobre la tierra, dice Ricardo Ramírez, de Rainforest Alliance México. Esto impide que los pobladores se puedan organizar para proteger, aprovechar y cuidar los territorios, porque no tienen el derecho legal para hacerlo.
A eso se agrega la falta de estímulos gubernamentales para apoyar a las comunidades en la conservación y manejo de sus territorios, que se ha agravado durante lo que va del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con un estudio del CCMSS, los recursos del programa de Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable disminuyeron 40 % durante esta administración, al pasar de 2149 millones de pesos en 2018 a 1880 millones en 2019 y 1308 millones en 2020.
Datos del Presupuesto de Egresos de la Federación indican que después de ese periodo, la disminución ha continuado. De 2020 a 2022, el programa de Apoyos para el Desarrollo Forestal sustentable disminuyeron, en términos reales, 27.4 %.
La disminución presupuestal al desarrollo forestal sustentable en México refleja la baja prioridad que tienen los bosques y el manejo comunitario en la actual administración, señala el estudio.
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La lucha por proteger el bosque
Ya sea por falta de presupuesto o de interés de las autoridades o ambas cosas, muchas comunidades se quedan solas protegiendo su bosque, aun a costa de su propia vida.
En 2011, un grupo de mujeres empezó la movilización en Cherán para proteger sus bienes naturales y correr a los talamontes, así como a los políticos. Les preocupaba la degradación del lugar. Sin árboles habría menos lluvia y eso afectaría el acceso al agua, así como la agricultura y la ganadería.
Además, pese a los problemas de organización comunitaria que había, el bosque es parte de la identidad indígena de este pueblo purépecha.
Las mujeres subieron al bosque y, primero, trataron de dialogar con los talamontes. Ellos las corrieron. Al amanecer del siguiente día, 15 de abril de 2011, las mujeres cerraron el camino que conecta al pueblo con el bosque; bloquearon el paso a los talamontes y se armaron con piedras, palos y machetes. Detuvieron a los hombres que entraban a tirar su bosque. Las campanas de la iglesia repicaron pidiendo ayuda a toda la gente de la comunidad. El auxilio llegó y empezó una nueva historia para Cherán.
Las autoridades municipales quisieron liberar a los talamontes. Se desató un enfrentamiento. Al final, la comunidad logró expulsar a talamontes, policía, presidente municipal y partidos políticos. Durante varios meses, todas las noches, en cada esquina del poblado se prendían fogatas y alrededor de ellas, los habitantes recobraron el sentido de comunidad; decidieron empezar una lucha jurídica por el reconocimiento de un gobierno basado en usos y costumbres. Eso también lo consiguieron.
“Nuestro territorio es el único en la zona que ha logrado conservar su bosque. En las comunidades de alrededor, por ejemplo, en Tingambato, Purépero, Zacate, hay ya puras huertas de aguacate en lugar de bosque”, dice Miguel Macías Sánchez, expresidente de bienes comunales.
En Cherán está prohibido tener huertas de aguacate. “Lo que se tiene —explica Macías Sánchez— es aprovechamiento de resina y hemos estado trabajando en la reforestación, que ya va al 90 % de todo lo que devastaron los talamontes”.
La población recibió apoyo y capacitación de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) para hacer los trabajos de reforestación e impulsar una nueva forma de organización y aprovechamiento. Se cercaron las áreas de restauración, presas de troncos y ramas, acomodo de material vegetal muerto y reforestación con plantas de pino.
La comunidad también hace trabajos de brechas cortafuego para evitar incendios, podas, recolección de semillas y limpieza del monte. Además, se construyó un vivero forestal para un millón de plantas y se reactivaron empresas comunales como el aserradero, un complejo de astillado y la resinera.
La comunidad sabe que cuando los árboles plantados hace 10 o 12 años estén más grandes es probable que los taladores ilegales quieran ingresar, una vez más, a su territorio. A diferencia de lo que sucedió en el pasado, ahora los pobladores de Cherán no permitirán que se devaste su zona forestal. El excomisariado dice que ellos están listos para defender el bosque las veces que sea necesario.
FUENTE: es.mongabay
