Actores de asociaciones civiles que trabajan en la protección del medio ambiente en Baja California Sur anunciaron lo que califican como un logro ciudadano importante ante una negligencia histórica de los gobiernos municipales. La calidad del aire ha sido uno de los tópicos principales en las organizaciones y es hasta ahora, por medio de un amparo, que el Ayuntamiento de La Paz estará obligado a aplicar políticas para la disminución de la contaminación en la cuenca ambiental.
Por ello, representantes del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y del Observatorio Ciudadano Cómo Vamos La Paz (CVLP) convocaron a medios de comunicación para anunciar lo anterior.
La sociedad civil presentó en octubre de 2021 una demanda de amparo, en donde se reclamó al Ayuntamiento de La Paz la omisión de hacer verificación vehicular, de tener un listado o fuente de contaminantes móviles y de inspeccionar las fuentes móviles que circulan a diario en la Ciudad Capital.
La abogada de Cemda, María Inés Pérez Centeno, explicó que, luego de dos años de proceso, un juez federal otorgó la razón a las asociaciones y condenó al municipio de La Paz.
La sentencia obliga al ayuntamiento a generar un programa o una política pública que tenga como finalidad medir, verificar, monitorear, vigilar e informar los niveles de contaminación.
Asimismo, dio a conocer que el llegar a una resolución tomó más tiempo debido a que la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, impugnó las acciones legales de las asociaciones civiles.
“En contra de la sentencia, la presidenta municipal presentó un recurso, se inconformó. Básicamente en ese recurso alegaba que no le correspondía realizar estas acciones y ese recurso lo resolvió un tribunal federal, que es superior de este juez, y resolvió que no es cierto”, señaló la abogada.
“Efectivamente, tiene que realizar estas acciones y se tienen que cumplir en beneficio de la ciudadanía”, continúo.
Por su parte, el director regional de la oficina noroeste de Cemda, Mario Sánchez Castro, precisó que la sentencia ya está en firme, lo que quiere decir que las autoridades municipales ya no pueden recurrir a ninguna instancia para evadir la responsabilidad.
Para Mario Sánchez, conocido en Baja California Sur por su lucha por la protección del medio ambiente, esto representa un antecedente importante con el que se reconoce el poder de la organización ciudadana y civil, ya que queda demostrado que reclamar derechos en tribunales tiene resultados favorables para la sociedad en general.
Se reafirma el derecho de las organizaciones de la sociedad civil a poder hacer estos actos de exigencia legal a las autoridades en caso de sus omisiones, en este caso en calidad del aire; pero esperamos que se pueda replicar en otras tantas que tienen que ver con las diferentes acciones que realiza la sociedad civil en Baja California Sur”, subrayó.
En este escenario, esperan que termine la falta de voluntad y se utilicen todos los recursos posibles a las manos de las autoridades para cumplimentar con esta sentencia federal.
ANTECEDENTES DE LA CONTAMINACIÓN
La directora del área de Comunicación para la Incidencia en el Observatorio Ciudadano en Cómo Vamos La Paz, Ruth Ramírez, hizo hincapié en que no se cuenta con ningún sistema de monitoreo de la calidad del aire en Baja California Sur.
Históricamente, la responsabilidad de esta tarea ha recaído en activistas, que han hecho alianzas con científicos para crear formas accesibles e ingeniosas para evaluar la situación que impera en la cuenca ambiental de La Paz.
Ruth Ramírez recalcó que la sociedad civil lleva casi 10 años abordando y documentando este tema, en una ciudad pequeña con casi 300 mil habitantes cuya flota es de 78 vehículos por cada 100 habitantes.
“Hacemos de alguna manera con indicadores diagnósticos, pero al final del día quienes tienen la responsabilidad y tienen las atribuciones en los tres niveles de gobierno son quienes tienen que ejecutar, no está pasando nada”, señaló.
En este contexto, expuso que los datos con los cuentan arrojan que el 93 por ciento de la contaminación en la Capital del Estado proviene de unidades motorizadas, circulan todos los días sin ningún tipo de regulación eficaz.
Anteriormente la asociación BCSicletos publicó su sexto monitoreo anual sobre la calidad del aire, cuyos resultados precisaron que la contaminación atmosférica de La Paz sobrepasa los límites permitidos y recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El estudio, realizado por sexto año consecutivo, arrojó que sustancias como el dióxido de nitrógeno y el monóxido de carbono superaron sus límites máximos durante todo el 2022; mientras que el material particulado de 2.5 micras estuvo 102 días de ese año por arriba de estos niveles.
Cabe recordar que en el monitoreo de BCSicletos, analizaron ocho tipos de sustancias catalogadas como contaminantes.
En el estudio, se midieron ocho contaminantes, de los cuales sólo cinco se encuentran regulados; de estos, el 60 por ciento sobrepasó los límites nacionales permitidos y recomendados por la OMS.
Por ello, la asociación se ha unido en diferentes ocasiones a los llamados para que las autoridades lleven a cabo en lo inmediato la ejecución de políticas públicas enfocadas a la movilidad de personas ya que esto favorecería la disminución del uso de automóviles.
Sin embargo, la realidad es que las estrategias de gobierno continúan enfocándose en infraestructura para vehículos, en lugar de apostar por diseño amplio de banquetas, un mejor transporte público y ciclovías con mayor interconexión.
YA ESTAMOS CUMPLIENDO: AYUNTAMIENTO
Ante esta situación, en entrevista para ZETA, el director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de La Paz, Baldomero Mendoza López, aseguró que previo a cualquier resolución ya estaban trabajando en la creación de estrategias y políticas para cumplir.
La demanda cayó al gobierno de Milena Quiroga a un mes de haber iniciado, los órganos a instituciones involucrados fueron:
*La Presidencia Municipal.
*Dirección General de Seguridad Pública.
*Dirección de Movilidad.
*Dirección de Gestión Integral de la Ciudad.
*Dirección de Medio Ambiente.
“Todo es por las omisiones de tener, establecer y operar sistemas de monitoreo de la calidad del aire en el municipio, así como rendir los resultados del sistema nacional de información y calidad del aire y también las omisiones de vigilar; y verificar el cumplimiento de la Normas ecológicas que regulan la emisión máxima posible de contaminantes a la atmósfera por parte de las fuentes móviles emisoras”, reiteró el director.
Ahora, con el amparo encima, están obligados a llevar a cabo el sistema de monitoreo de la calidad del aire. El funcionario insiste en que no se trata de un reclamo nuevo ya que desde hace varios años se han implementado, sin embargo, aseguró que las autoridades anteriores no llevaron a cabo los actos para actualizar estas exigencias.
Según Mendoza López, desde 2022 iniciaron con una serie de estrategias que sirven para que, cuando se concede el amparo, indicar que están ya en vías de cumplimiento.
Entre esas medidas, destacó la firma de un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático el 23 de junio de 2022, con el que se logrará el desarrollo de la integración de proyectos de investigación científica y tecnológica con respecto al estudio de la calidad del aire en el municipio.
Asimismo, resaltó el convenio de colaboración con el Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (CERCA), firmado desde noviembre del 2022, para desarrollar la colaboración y actividades para contar con las técnicas para cumplir.
“Estos temas los tenemos desde hace un año, nosotros impugnamos porque creíamos que había un reparto de competencias que no era exclusivo para el Ayuntamiento de La Paz, sin embargo, han ido cumpliendo”, explicó.
Por otra parte, enfatizó que la sentencia definitiva sólo les obliga a coordinarse gubernamentalmente para emitir un programa de política pública en el que se establezcan los mecanismos para medir, verificar y monitorear los niveles de contaminación en La Paz y que, una vez instrumentado, lo remitan al juzgado.
Lo anterior aclarando que la resolución del amparo no obliga al gobierno municipal a que en este momento lleven a cabo la verificación vehicular de los automóviles que circulen en la Capital, sino que la sentencia es para que emita la estrategia para que esto pueda pasar.
“El Tribunal Colegiado confirma la sentencia de amparo, pero esto, al día de hoy, no trae ninguna circunstancia de un cumplimiento apresurado o que tengan que imponernos un cumplimiento forzado; porque como te he dicho, desde el año 2022 empezamos ya la implementación de estas mediciones con la colaboración de diferentes entidades de carácter técnicos y científicos”, dijo.
“El juicio de amparo se está teniendo por cumplida nuestra parte”, finalizó.
FUENTE: zetatijuana
