Hay dos planteamientos que definen casi por completo la política energética del actual gobierno. Uno es el fortalecimiento de PEMEX y CFE, entendido esto como la recuperación de sus respectivos monopolios; el otro es lograr la autosuficiencia en materia de petrolíferos.
El primero implica la exclusión de las inversiones privadas en el sector energético, como en efecto ha ocurrido desde que inició esta administración. Ello tiene implicaciones en cuanto a la capacidad de producción de hidrocarburos y energía eléctrica en el país, como también en sus costos, ya que ambas empresas enfrentan graves restricciones financieras, tecnológicas y administrativas, que les dificultan producir más y eficientemente, como lo demuestran las cuantiosas pérdidas que registran crónicamente. Esta es una situación que difícilmente puede modificarse incluso en el largo plazo, si no se permite la asociación de PEMEX y CFE con empresas más avanzadas tecnológicamente y financieramente robustas, y si tampoco se permite la participación de este mismo tipo de empresas en la industria de los energéticos.
El segundo ha significado destinar recursos del gobierno federal y del propio PEMEX a la actividad de refinación, específicamente a la rehabilitación de las seis refinerías (Cadereyta, Madero, Minatitlán, Tula, Salamanca y Salina Cruz) la construcción de un tren de refinación en Coatzacoalcos y de una refinería en Tabasco, además de la adquisición de una más en Texas. El propósito es dejar de exportar petróleo para refinarlo todo y satisfacer así totalmente el consumo interno; actualmente se importa poco más de la mitad de los requerimientos de petrolíferos del país. Es relevante hacer notar que, dada la configuración de las seis refinerías y las características del crudo que transforman, un subproducto de su proceso de producción es el combustóleo, un combustible altamente contaminante, cuyo mercado externo prácticamente desapareció como resultado de nuevas regulaciones internacionales y que por consiguiente tendrá que ser consumido internamente; todo indica que se utilizará principalmente en la generación de electricidad.
Una consecuencia de la exclusión de la inversión privada en el sector energético, particularmente en el de la generación de electricidad y del uso de combustibles fósiles en esta última actividad, es el desplazamiento de las energías renovables que mejores perspectivas tendrían, esto es, la eólica y la fotovoltaica. Después de la reforma energética de 2013-4 las inversiones en proyectos de ambas fuentes de energía crecieron muy rápidamente, al mismo tiempo que los precios de la energía que podían suministrar descendían de manera sustancial.
La política energética, así descrita, va en contra de las tendencias mundiales de aminorar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), lo que puede tener graves consecuencias, que van más allá de los daños inmediatos a la salud de las personas y al medio ambiente resultantes de la contaminación. Se prevé que en una perspectiva de mediano y largo plazos el calentamiento global tendrá, entre otras, graves consecuencias en la producción de alimentos, la proliferación de ciertas enfermedades y por tanto en la mortalidad. Esto afectará en mayor medida a los países menos desarrollados. De allí que se estén implementando medidas como el Acuerdo de París, para contrarrestar el cambio climático.
Pero con su política energética actual México se aleja de sus compromisos internacionales respecto de su contribución a mitigar el calentamiento global mediante la reducción de emisiones de GEI, lo que puede dar lugar a escenarios no deseados.
La Unión Europea (UE) pondrá en práctica próximamente medidas orientadas a apresurar la descarbonización global, porque no basta que sus países miembros acaten las regulaciones en esta materia; considera que es preciso que todos los países hagan algo al respecto. Para ello se dispone a emitir el Reglamento del Mecanismo de Ajuste de Fronteras de Carbono (CBAM, en sus siglas en inglés).
La Unión se ha percatado que los estados miembros observan debidamente las regulaciones relacionadas con las emisiones de GEI y que gracias a ello en tres décadas han logrado reducir sus emisiones en 24%, al mismo tiempo que la producción ha aumentado 60%; pero también han visto que muchas empresas han decidido llevar a cabos sus operaciones fuera de la UE, en países donde las regulaciones son más laxas, lo que da lugar a la pérdida de inversiones y empleos internamente.
Ocurre también que, si bien el contenido de carbono, por así decir, de los bienes que produce se ha reducido, no necesariamente es el caso de los que importan; se estima que en 2015 “importaron” tres veces más emisiones que las que “exportaron.” Por ello la Unión está interesada en determinar la magnitud real de la huella de carbono de los productos, considerando todo su ciclo de vida e incluso lo correspondiente a su transporte y el uso de energía, porque en uno y otro está involucrado es el uso de combustibles fósiles, responsables de gran parte de las emisiones de GEI.
El Reglamento se pondrá en práctica gradualmente a partir de 2023 y se enmarca en la meta de la UE de reducir en 55% sus emisiones de GEI hacia 2030. La idea es “castigar” las importaciones con contenido de CO2; mientras mayor sea el contenido de un producto determinado, mayor será el costo que tendrá que pagar para entrar a cualquiera de los países miembros. Sería el caso, por ejemplo, de productos como el acero, el vidrio, el cemento y los fertilizantes, que son intensivos en el uso de combustibles fósiles, ya sea directamente o indirectamente por la cantidad de energía y transporte involucrados.
Se puede pensar que a México esto no debiera preocuparle porque el grueso de su comercio internacional tiene lugar en Norteamérica. Sin embargo, actualmente hay gran afinidad entre Estados Unidos y la UE en materia de cambio climático y es de esperarse que la cooperación entre ambas partes se intensifique en esta área. El presidente Biden integró nuevamente a su país en el Acuerdo de París y ha expresado que “Abordar las amenazas reales del cambio climático […] es vital […] en nuestras negociaciones comerciales …” Se cuenta con los mecanismos institucionales para hacerlo, concretamente el T-MEC y la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte. Actualmente Las ventas de México al exterior representan cerca de 40% de su producto interno bruto, por lo que sería muy prudente que México adoptara desde ahora medidas para reducir el contenido de CO2 en sus exportaciones, si no por un interés en mitigar el calentamiento global, sí por conveniencia económica, ante la eventualidad de que en el futuro el contenido de GEI en el comercio exterior sea objeto de penalidades. Si ello ocurre, las regiones del país más integradas a la economía externa serían las más afectadas directamente.
Evitar la posibilidad de un freno al comercio exterior de México requiere, pues, un cambio radical en la política energética actual.
